CARACAS.- El Gobierno de Venezuela estaría intentando asegurarse un mayor control sobre la industria de servicios petroleros, según un borrador de ley que establece una vía rápida para expropiar, ocupar o requisar los activos del sector. El anteproyecto de ley, que sería presentado a la Asamblea Nacional antes de final de año, declara de utilidad pública todas las actividades relacionadas con las operaciones petroleras y gasíferas, paso previo a su eventual expropiación.
"Los bienes de propiedad privada afectos a las operaciones petroleras y gasíferas podrán ser objeto de medidas de resguardo, aseguramiento, requisa y expropiación cuando la continuidad de las mismas se encuentre afectada", dice la propuesta de normativa que prepara el Ministerio de Energía.
No había ningún portavoz de ese despacho disponible de inmediato para hacer comentarios al respecto.
El texto da a las autoridades potestad para fijar tarifas por los servicios recibidos, prohíbe mover activos del territorio sin autorización, exige permiso del Ministerio para ir a la huelga, impide el arbitraje internacional en los contratos y permite la ocupación previa de las instalaciones.
Desde 2006, el Gobierno del presidente Hugo Chávez ha nacionalizado todos los negocios de extracción de petróleo, los multimillonarios mejoradores de crudo pesado de la Faja del Orinoco, taladros, firmas de servicios petroleros, empresas petroquímicas y la venta local de gasolina al por mayor.
La oleada de nacionalizaciones ha dejado una larga estela de juicios y arbitrajes internacionales que amenazan las finanzas de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Esta firma, que acumula ingentes deudas pendientes con proveedores de servicios, ha intentado acudir infructuosamente a pesos pesados del sector como Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes para formar empresas mixtas.
Los analistas creen que el instrumento legal pretende presionar a las compañías del sector, más que a una expropiación masiva de activos a corto plazo.
El Gobierno expropió en mayo de 2009 más de 70 firmas de servicios petroleros y hace pocos meses nacionalizó 11 taladros de la firma estadounidense Helmerich & Payne, detenidos desde un año antes por falta de pago de PDVSA.
Además de ejercer un mayor control sobre la operación de las empresas de servicios, el anteproyecto de ley impide movilizar activos fuera del territorio o detenerlos por razones laborales sin autorización previa.
"Corresponde al Ministerio con competencia en la materia de petróleo y gas autorizar la exportación de bienes afectos a la prestación de operaciones petroleras nacionales, así como su transporte y traslado en el interior del país", dice.
También permite al Ministerio de Energía "establecer tarifas para ciertas clases de servicios", en medio de la acumulación de miles de millones de dólares en cuentas pendientes de PDVSA a sus proveedores y del continuo rechazo de las autoridades a los montos que se cobran en el país por servicios esenciales como la contratación de taladros.
Por último, impide incluir la figura del arbitraje internacional en los contratos, una opción que ha permitido a más de media docena de empresas solicitar indemnización por la toma forzosa de sus activos en Venezuela, y establece multas y sanciones penales por su incumplimiento.
En Venezuela operan varias de las mayores firmas transnacionales de servicios, así como medianas y pequeñas compañías nacionales cuya relación con PDVSA es esencial para su funcionamiento.
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