El gobierno venezolano intensifica la expropiación de empresas en 2010 mientras Ecuador busca inversores

CARACAS.- El gobierno del presidente Hugo Chávez intensificó este año la ola de expropiaciones iniciada en 2007, una medida que según los gremios productivos venezolanos, ha dejado empresas inoperantes y ha convertido el Estado en el gran empresario del país. 

En los últimos tres años, el Ejecutivo venezolano ha nacionalizado 347 empresas en sectores estratégicos como la electricidad, banca, cemento, acero, petróleo y alimentos, según el gremio de industriales, Conindustria. De ese total, la mitad fueron tomadas entre enero y agosto de 2010.

"Desde 2007, se empiezan a hacer expropiaciones que en la medida que avanza el tiempo se han convertido en confiscaciones porque son pocos los casos que han sido indemnizados", dijo Carlos Larrazabal, presidente de Conindustria.

Las cementeras Cemex, Lafarge y Holcim, el Banco Santander, los supermercados Exito, el hotel Hilton, el sector petrolero, el ente de telecomunicaciones Cantv, la acería Sidor, empresas de electricidad, casas de bolsa o empresas transportistas son algunos de los nombres más sonados en esta serie de expropiaciones.

"Debemos acabar con los oligopolios, los monopolios, la concentración de tierras en pocas manos. Luchemos contra el capitalismo para tener patria", pidió Chávez en estos días.

Las nacionalizaciones son pilares fundamentales del "socialismo del siglo XXI" que predica el mandatario venezolano, quien tilda a los empresarios privados de "burgueses" y "oligarcas" que "especulan con los precios" y "explotan a los trabajadores".

En ese sistema sólo tienen cabida los empresarios "privados que quieran venir a trabajar bajo las normas, no las que inventa Chávez, sino las normas que están en la Constitución bolivariana, en las leyes del pueblo", resumió el mandatario recientemente.

Las expropiaciones han convertido el Estado en un actor de peso en sectores que le eran ajenos, como el alimentario y el de la construcción y han hecho que el Producto Interno Bruto (PIB) público pasara del 26,3% al 30,2% entre 2006 y 2009.

"Chávez está un círculo vicioso, porque el sector público viene creciendo y en la medida que crece se hace más ineficiente", dijo el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros.

Según estudios económicos, las expropiaciones le han costado al gobierno venezolano desde 2007 entre 25.000 y 30.000 millones de dólares, una suma que no incluye el costo de unas 2,5 millones de hectáreas de tierras consideradas improductivas "rescatadas" desde la llegada al poder de Chávez.

Hasta el momento, el gobierno ha pagado unos 12.000 millones de dólares en compensaciones y aún adeuda algo más de 14.000 millones, principalmente a las petroleras Exxon y Conoco y a Cemex, con quien mantiene litigios, según Ecoanalítica.

"Los únicos que se han resuelto a posteriori son las empresas con capital extranjero (...) Las empresas de capital nacional en su mayoría no han sido indemnizadas y eso afecta el clima de inversión en Venezuela", apuntó Larrazábal.

Los empresarios acusan al gobierno de castigar de manera arbitraria a compañías exitosas con fines políticos y destruir el aparato productivo privado venezolano.

"La expropiación no puede ser un impulso del gobierno que decide tomar una empresa porque no le gusta", denunció el presidente de la patronal Fedecámaras, Noel Álvarez.

"Todas las empresas tomadas se han destruído. Son pocos los casos en que las empresas han mejorado", agregó Larrazábal, citando como ejemplo que la producción siderúrgica está en un tercio de su capacidad y los servicios petroleros se encuentran "colapsados".

Pero para el gobierno, esta política tiene por fin crear empresas socialistas "eficientes y sustentables", recuperar el control de los recursos nacionales y aumentar la producción nacional.

Sin embargo, el país sigue siendo muy dependiente de las importaciones de los bienes de primera necesidad. Además, Venezuela sigue en recesión y su PIB cayó un 3,5% en el primer semestre de 2010, respecto al mismo periodo del año pasado.

Ecuador reclama inversiones

Por contra, el gobierno ecuatoriano remitirá el lunes al Legislativo un proyecto de ley para incentivar las inversiones con medidas como la exoneración de aranceles, informó el sábado el presidente Rafael Correa

Se trata del código de la producción, comercio e inversiones que presentarán a consideración del Congreso con carácter de económico urgente, por lo que se contará con 30 días para su aprobación, modificación o negación.

Entre los principales puntos que destacó Correa durante su programa radial "Diálogo con el presidente", está la reducción del pago del impuesto a la renta en tres puntos porcentuales, equivalentes a unos 200 millones de dólares.
También mencionó la exoneración durante cinco años del pago de dicho gravámen para las nuevas inversiones, así como otros incentivos que no detalló, para quienes inviertan su capital en otras ciudades que no sean Quito y Guayaquil.
Advirtió que uno de los artículos que podría generar resistencia es la obligación que tendrán los empresarios de no declarar utilidades mientras todos sus trabajadores no cobren un "salario de la dignidad", equivalente a 360 dólares.
La propuesta de ley incluye una reforma a la recientemente aprobada Ley de Equidad Tributaria que estableció un impuesto para quienes posean más de 25 hectáreas de tierras improductivas.
El cambio especifica que, en la amazonia, el arancel regirá a partir de las 50 hectáreas, pues por la década de los 60 se realizó un proceso de legalización de tierras donde se entregó hasta 50 hectáreas de terreno no apto para la agricultura.
Aclaró que el impuesto es "para los ricos y no para los pobres", cuya propiedad no excede las 15 hectáreas, en otras regiones del país.