BRASILIA.- Brasil cederá enormes franjas de su selva amazónica a madereras privadas y cooperativas, a fin de ayudar a reducir la demanda de tala ilegal de árboles, dijo un alto funcionario.
Tras años de batallas legales y oposición política, el Gobierno está evaluando reavivar las concesiones a compañías privadas para que protejan la selva.
"El futuro de la Amazonía -combatir la deforestación y el cambio climático- es fortalecer la administración de la selva. No veo ninguna otra solución", dijo Antonio Carlos Hummel, jefe del Servicio Forestal Nacional de Brasil, durante la cumbre global alternativa sobre cambio climático.
El Gobierno garantizará a compañías privadas concesiones de tala para casi 1 millón de hectáreas para fines de año, y dentro de cuatro ó cinco años concederá casi 11 millones de hectáreas, el tamaño del estado estadounidense de Virginia.
Actualmente, las actuales concesiones llegan a apenas 150.000 hectáreas.
A diferencia de la práctica ilegal de quema y tala que ya ha destruido casi el 20 por ciento de la selva tropical más grande del mundo, la tala administrada por compañías sólo extrae una cantidad de árboles siempre y cuando sea posible una regeneración natural de la Amazonía.
Cuando el Gobierno brasileño comenzó a prepararse para las concesiones en el 2003, se enfrentó a una dura oposición de políticos conservadores que calificaron el plan como una privatización de activos públicos.
"Entonces no explicamos bien el proceso. Ahora todo se ha aclarado. Ha habido cuestionamiento sobre la privatización por más de un año", dijo Hummel.
De hecho las concesiones ayudaron a establecer un mayor control estatal en las a menudo caóticas regiones de la Amazonía, donde colonos y especuladores a menudo ocupan tierras de forma ilegal, agregó.
Mientras la tala ilegal de árboles usualmente produce riqueza para unos pocos, las concesiones de selva, al menos en teoría, generan empleos permanentes e ingresos por recaudación de impuestos para el Gobierno.
Consciente de las concesiones fallidas a madereras privadas en África y partes de Asia, los legisladores brasileños tomaron ciertas precauciones.
"Incluimos una serie de mecanismos de control comunitario", explicó Hummel, en referencia a organizaciones no gubernamentales que participan en auditorías públicas de las concesiones.
Los niveles de deforestación en la Amazonía brasileña, la mayor selva tropical del mundo, han caído a su tasa más baja en dos décadas, después de que el Gobierno intensificó la vigilancia y el control en los últimos años.
Las autoridades han multado a rancheros y leñadores ilegales, han confiscado sus productos y les suspendió la financiación con créditos bancarios.
Pero a menos que esos duros controles se mantengan, la tala ilegal podría socavar la demanda de madera más cara a partir de la administración privada de las selvas, sostuvo Hummel.
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