LUXEMBURGO.- Los ministros de Economía de la UE seguirán negociando en las próximas semanas para convertir en permanente el fondo de rescate de 750.000 millones de euros creado el pasado mayo para asistir a países con problemas para refinanciar su deuda, que expira en 2013.
Los Veintisiete no descartan reformar el Tratado para permitir quiebras controladas de países y suspender el derecho de voto a los países que incumplan las reglas de disciplina presupuestaria, tal y como exigen Francia y Alemania, según han explicado este martes fuentes diplomáticas.
"Hay un apoyo unánime para convertir el mecanismo en permanente", han destacado las fuentes, que admiten que ello "puede requerir un cambio del Tratado". Ello resultará difícil porque tiene que ser aprobado por todos los Estados miembros y en algunos, como Irlanda, es obligatorio el referéndum. Otros países, como Reino Unido, ya han expresado su rechazo a nuevas reformas.
París y sobre todo Berlín exigen modificar el Tratado para que el fondo de rescate permanente incluya "una participación adecuada del sector privado". El actual mecanismo de asistencia, creado para frenar el contagio de la crisis griega a España y Portugal, no prevé reestructuraciones de deuda soberana.
Además, Alemania insiste en privar del derecho de voto a los países que cometan una "violación grave de los principios básicos de la Unión Económica y Monetaria", algo que no permite la legislación actual.
La decisión de prorrogar las negociaciones para hacer permanente el fondo de rescate forma parte del acuerdo alcanzado este lunes sobre el nuevo sistema de sanciones para los países con déficit y desequilibrios excesivos. Para ganarse el apoyo de Francia, Alemania cambió de bando y se alió con París, Roma y Madrid para suavizar los castigos que había propuesto Bruselas.
Las nuevas sanciones no serán casi automáticas como defendía la Comisión, sino que se deja más tiempo a los países incumplidores para corregir sus problemas y se da más peso a las decisiones políticas del Consejo Ecofin.
Por primera vez, los castigos podrán lanzarse incluso antes de que se supere el umbral del 3% de déficit público previsto en el Pacto de Estabilidad. Si un país no realiza los ajustes necesarios para llegar al equilibrio presupuestario, se le obligará a bloquear un depósito generador de intereses. Pero la decisión de iniciar un procedimiento por déficit excesivo la seguirán tomando los ministros de Economía de la UE por mayoría cualificada, con lo que podrán vetar cualquier propuesta de Bruselas.
Una vez lanzado el procedimiento, se dará al Estado miembro en cuestión seis meses para corregir la situación antes de aplicar las sanciones. También cuando sobrepase el umbral del 3% se le volverán a dar 6 meses antes de pasar a la siguiente fase sancionadora, que consistirá en bloquear los intereses del depósito. El depósito se convertirá en multa si el Gobierno no adopta medidas.
Una vez activado el proceso sí aumenta el automatismo, ya que las propuestas de sanciones presentadas por Bruselas se considerarán adoptadas a menos que el Consejo las rechace por mayoría cualificada.
El acuerdo de los ministros de Economía no concreta la cuantía de las multas sino que las deja a una negociación posterior. El Ejecutivo comunitario había propuesto una multa del 0,2% del PIB (2.000 millones de euros en el caso de España).
Además, un país que no supere el umbral del 3% de déficit pero que tenga una deuda por encima del 60% podrá ser objeto de un expediente por déficit excesivo si no ha logrado rebajarla en un determinado porcentaje durante los tres últimos años. Pero el acuerdo tampoco fija el porcentaje de recorte y lo deja a un acuerdo posterior por las reticencias de países con alta deuda como Italia y Bélgica.
También habrá multas para los países con problemas de competitividad, a las que inicialmente se oponía España. Pero la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha destacado que estas nuevas sanciones sólo se aplicarán a los países que "de manera repetida" no hagan caso de las recomendaciones del Consejo. "España está haciendo caso de las recomendaciones del Consejo y por tanto esta es la posición que más nos favorece", se ha felicitado.
Además, las multas para los países con desequilibrios excesivos, como burbujas inmobiliarias, sólo podrán decidirse al máximo nivel de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.
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