MADRID.- Un recorte ordenado y equilibrado del déficit presupuestario es posible sin dañar el núcleo duro del Estado del bienestar. Es una de las principales conclusiones que se derivan del estudio que acaba de realizar KPMG a través de las experiencias de académicos y responsables del área pública de cinco grandes economías desarrolladas (EE UU, Reino Unido, España, Canadá y Alemania).
El estudio, al que ha tenido acceso CincoDías, recoge también las experiencias vividas en las últimas tres décadas en varios países desarrollados, en donde fue posible salir de la espiral de bajo crecimiento y elevado déficit y endeudamiento público.
Una de las principales recomendaciones que se derivan del estudio es que para reducir el déficit presupuestario se consigue mucho más por la vía del gasto corriente que por la del aumento de impuestos.
“Los incrementos tributarios suelen incidir directamente en la inversión productiva y el consumo privado con lo que se reducen las posibilidades de crecimiento económico a corto plazo”, destaca Cándido Pérez Serrano, socio responsable de Infraestructuras, Gobierno y Sanidad de KPMG en España.
En cambio la vía del gasto ejerce un “efecto ejemplarizante”. En el caso de España los principales partidas de gasto son las pensiones, las prestaciones por desempleo y la nómina de funcionarios, en el Estado central, y la sanidad y la educación, en las comunidades.
En un principio parece difícil efectuar reducciones en estas partidas sin recortar derechos sociales como ya ha ocurrido con el decreto aprobado por el Gobierno en mayo. Pero hay vías para conseguirlo o al menos de limitar su efecto. En el caso de la sanidad y la educación, Pérez Serrano propone un ejercicio de evaluación del gasto.
“Debemos ver quién presta estos servicios y cómo se financian y si se pueden prestar de otras formas, como compartiendo gastos entre administraciones o incluyendo las prácticas de gestión privada en ellos o, incluso su externalización, si se comprueba que es más eficiente”, añade.
En el caso de los funcionarios se puede recortar el conjunto de su masa salarial por vías alternativas al tradicional recorte retributivo, como la eliminación de duplicidades. “La asunción de competencias exclusivas por cada nivel de administración ayudará a evitar gastos superfluos y repetición de ventanillas”, indica.
También se debería primar con más recursos a los centros públicos más productivos. “La eficiencia en la administración es un incentivo al ahorro”. Como también lo es la utilización de nuevas tecnologías en la prestación de servicios.
Todas estas posibilidades son mucho más fáciles, a su juicio, si existe un consenso entre los partidos políticos, al menos entre los que cuentan con capacidad de gobernar, algo que no se ha producido. Hoy por hoy, “la atmósfera de crisis puede ayudar a salvar las reticencias” de grupos de presión, se añade en el informe.
-Gasto. Primar el recorte de gasto público, especialmente el corriente, frente al aumento de impuestos sobre la renta.
-Tributos. Serán inevitables alzas parciales y temporales de impuestos. Utilizar también vías no convencionales, como tasas ecológicos y las ligadas a la energía.
-Productividad. Introducir en los servicios públicos el “modus operandi” del sector privado (flexibilización horaria y contractual y salarios variables en función de la productividad).
-Calidad. Análisis de eficiencia de todas las partidas del gasto público. Recorte en las que no han alcanzado los objetivos.
-Copago. Potenciación de esta fórmula para evitar abusos en el consumo de bienes y servicios.
-Ahorro. Vías de economías de escala como centrales de compra de bienes y financiación compartida entre Administraciones, en educación y sanidad.
-Infraestructuras. Privatización parcial de la red y utilización de fórmulas público-privadas para la construcción de nuevas vías.
Irlanda (1987-89). En los ochenta Irlanda tuvo un doble problema, con el déficit y la deuda pública en dos dígitos en términos de PIB. Tras un intento de elevar los ingresos vía subida de impuestos, decidió en 1987 recortar el consumo público (excluyendo la educación) y congelar los salarios de los funcionarios. Pese a los recortes, el PIB siguió creciendo al 5% y la deuda cayó al 90%.
Suecia (1994-98). La crisis bancaria y bursátil sueca de los 90 fue atajada también con recortes del gasto corriente (el 9% anual en cuatro años). Se logró reducir el déficit desde el 11% del PIB en 1993 al 1% en 1998. La deuda se estabilizó en el 70% del PIB. El crecimiento económico se desaceleró pero se mantuvo en el 3% de media en el periodo.
Canadá (1994-97). El déficit fiscal canadiense era del 9,2% en 1992. El Gobierno decidió en 1994 un fuerte recorte del presupuesto federal del 20% acumulado en cuatro años. Excluyó, eso sí, la inversión (solo cayó un 0,5%). Se ayudó también de la depreciación del tipo de cambio. El resultado fue un aumento del PIB del 3,4% en el periodo, similar a la media de la OCDE.
Italia (1989-93). El Ejecutivo intentó el ajuste por la vía del alza tributaria en los 80. La subida impositiva fue tal que dañó la inversión y el consumo. La deuda siguió elevándose hasta 1994. El caso argentino es más dramático. El aumento de impuestos aprobado para equilibrar las cuentas (1999) condujo a una falta de credibilidad tal de los mercados que provocó la quiebra del Estado y el consabido corralito (inmovilización del ahorro privado) para obtener recursos.
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