BRUSELAS.- La Comisión Europea sopesa proponer la supresión de los tipos reducidos del IVA que se aplican a determinados productos y servicios por considerar que no son la forma más eficaz de redistribuir el impuesto, complican el sistema y pueden provocar distorsiones.
El Ejecutivo comunitario ha iniciado este miércoles una "revisión fundamental" del sistema del IVA en la UE con el lanzamiento de una consulta pública para recabar las opiniones de empresas, consumidores y Estados miembros. Una vez examinados los resultados, Bruselas presentará propuestas a finales de 2011.
En la actualidad, el IVA representa alrededor del 20% de los ingresos fiscales de los Estados miembros (862.000 millones de euros en 2008). Y la crisis económica y el envejecimiento de la población harán aumentar su peso en la recaudación debido a la caída de los ingresos por impuestos sobre la construcción y el capital.
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario cree que el actual sistema del impuesto "no es tan eficaz como debería". Sus 40 años de antigüedad hacen que resulte "demasiado complicado" para las empresas y represente una "enorme carga administrativa" para los Estados miembros.
"El sistema del IVA tal y como funciona ahora es más un obstáculo para el mercado interior que una ayuda. Las debilidades en su estructura lo hacen vulnerable al fraude y la evasión", ha explicado la portavoz de Fiscalidad, Emer Traynor.
Por ello, el Ejecutivo comunitario desea llevar a cabo una "revisión fundamental" del sistema. Entre las cuestiones que Bruselas plantea para el debate se encuentra "si las exenciones y los tipos reducidos para algunas categorías de productos son todavía válidos y útiles", ha afirmado la portavoz.
"Hay pruebas de que los tipos reducidos no son la forma más eficaz de redistribuir los efectos del IVA y de que a veces sus beneficios no se repercuten al consumidor final", ha apuntado, aunque ha dejado claro que la Comisión desea un debate lo más abierto posible.
En España existen actualmente tres tipos de IVA: el superreducido (4%) que grava los productos de primera necesidad, el reducido (8%) y el general (18%).
En la consulta se abordan otras cuestiones como dónde deben gravarse los bienes y servicios, si en el Estado miembro de origen o en el país en el que se venden, cómo reducir la burocracia o cómo reforzar el sistema contra el fraude.
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