BRUSELAS.- El fondo de rescate para los países de la zona euro que empezará a funcionar en 2013 prevé, por primera vez, solicitar en caso de crisis la contribución de inversores privados que posean títulos de deudas soberanas.
Los dirigentes europeos acordaron en octubre crear este mecanismo permanente de gestión de crisis, para reemplazar a partir de mediados de 2013 el Fondo de estabilidad financiera, creado la pasada primavera por un período de tres años.
El pasado domingo, los ministros de Finanzas de la zona euro se pusieron de acuerdo sobre su funcionamiento.
Como el actual Fondo de estabilidad -que puede captar dinero en los mercados con garantías de los Estados de la zona euro hasta por 440.000 millones de euros-, el futuro dispositivo permitirá ayudar a los Estados a cambio de un programa de ajuste implementado con la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El mecanismo tendrá una novedad: cualquier país que solicite ayuda será sometido a un examen para saber si es solvente, es decir, si es capaz -aún con ayuda- de seguir devolviendo sus deudas. Si el país padece una "crisis de liquidez" pero sigue siendo solvente, los acreedores del sector privado serán "estimulados a mantener su exposición", es decir, a no vender sus títulos de deuda.
En cambio, si el país resulta ser insolvente, la ayuda europea incluirá no solamente la obligación de aplicar un ajuste presupuestario, sino también la reestructuración de la deuda. Esa reestructuración supone una negociación del Estado con los acreedores privados. Así, podrá decidirse el reescalonamiento de los pagos, la bajada de los tipos de interés previstos o incluso la reducción de la sumas a devolver.
Para facilitar el proceso, una serie de cláusulas especiales ("cláusulas de acción colectiva") serán incluidas en las obligaciones de Estado emitidas en la zona euro a partir de junio de 2013. Los acreedores privados que poseen esos títulos se comprometen a aceptar una eventual decisión para cambiar los términos del pago, si resulta que el país deudor no puede pagar según las modalidades iniciales.
Así, según este mecanismo, los acreedores privados -bancos y fondos de inversión que prestan a los gobiernos- estarán implicados en caso de crisis en la posible reestructuración de la deuda de Estado.
Su contribución se hará "caso por caso", según la metodología aplicada por el Fondo Monetario Internacional, y dependerá de la gravedad de la crisis. Esta gravedad -problema de liquidez o insolvencia- será fijada por la Comisión Europea y el FMI, junto al Banco Central Europeo (BCE).
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