jueves, 6 de enero de 2011

Se dispara la inflación en Bolivia pese a la anulación del "gasolinazo"

LA PAZ.- La inflación en Bolivia en 2010 sobrepasó las previsiones gubernamentales y cerró en 7,18% respecto del año anterior pese a que el gobierno anuló un aumento en el precio de los combustibles ante fuertes protestas sociales. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó el jueves que la inflación en diciembre fue la más alta del año con 1,76% y la acumulada en doce meses cerró en 7,18%.
"Los precios del servicio de transporte público y el almuerzo fuera del hogar registraron mayor incidencia positiva", dijo el organismo estatal.
La tendencia alcista se acentuó en los últimos días de diciembre tras el "gasolinazo" decretado por el gobierno que aumentó entre 73% y 83% el precio de las gasolinas.
El presidente Evo Morales derogó el ajuste el 31 de diciembre, cuatro días después de establecerlo por decreto, tras una serie de protestas en varias ciudades que dejaron al menos 15 heridos y una veintena de detenidos.
El gobierno había previsto una inflación de 4,5% para 2010. Esta es la segunda tasa más alta desde que Morales asumió el gobierno en enero de 2006. En 2008 la inflación anual alcanzó 11,7%. Ese año el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) había sido de 6,1%, el más alto en la actual administración, debido a un espectacular repunte en los precios de los hidrocarburos y minerales.
Pero 2010 no fue un año de buenas noticias para la economía boliviana. El crecimiento del PIB sería de 4%, según las estimaciones oficiales, cuando la previsión era de 4,5%. En tanto, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), informó en noviembre que el crecimiento será de 3,7%, uno de los más bajos de la región.
La agricultura tuvo un discreto crecimiento el año pasado, según cifras preliminares, debido a factores climáticos; mientras que la producción minera, segundo rubro en las exportaciones, cayó a pesar del auge de precios en el mercado internacional.

Contrabando
 Por otra parte, el gobierno boliviano impondrá un severo control militar y policial en las fronteras que podría incluir el cierre de las mismas para frenar el contrabando de combustibles y alimentos, informaron las autoridades.
La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, dijo el jueves que el gobierno estudia un "plan estratégico" que en lo inmediato incluirá un aumento al 100% de los efectivos policiales en la frontera.
A su vez el subcomandante de la policía aduanera, Romúlo Delgado, afirmó a medios locales que el plan incluye un cierre de fronteras aunque no especificó por cuánto tiempo ni desde cuándo. "Vamos a cerrar lugares estratégicos, carreteras de ingreso y salida al exterior", declaró.
Según Ardaya el plan involucrará a las fuerzas armadas, policía y varias reparticiones estatales.
En Bolivia los combustibles están subvencionados y un litro de gasolina cuesta poco más de medio dólar. El contrabando generó perdidas el año pasado por 150 millones de dólares, dijo el presidente Evo Morales.
El mandatario sostuvo que es muy difícil controlar el contrabando sobre todo a Perú y Brasil, porque los combustibles salen hasta en biberones.
Con ese argumento, Morales anuló de cuajo la subvención a los combustibles y el 26 de diciembre aplicó un duro incremento en el precio de las gasolinas. Pero cuatro días derogó el incremento ante un estallido de protestas sociales. Ahora estudia medidas alternativas que podrían incluir ajustes graduales. "Tarde o temprano se anulará la subvención", dijo.
El subsidio anual se incrementó desde 180 millones de dólares en 2005, poco antes de que asumiera Morales, hasta casi 500 millones en 2010. Bolivia debe importar parte de la gasolina y el diesel que consume debido a una baja en la producción de líquidos.
El contrabando a países vecinos no sólo es de combustibles, también de algunos alimentos. El gobierno soporta estos días quejas de amas de casa que realizan largas filas para abastecerse de azúcar.
Para más inri, el Congreso de Estados Unidos dejó en suspenso la renovación de la rebaja de aranceles, lo que complica a Bolivia cuyas exportaciones a ese país alcanzaron 120 millones de dólares entre enero y octubre de 2010, informó el Instituto de Comercio Exterior (IBCE). 

"A partir de enero del 2011 los productos bolivianos deben pagar el arancel de importación para entrar a Estados Unidos", dijo esa organización vinculada a los empresarios.
El nuevo congreso estadounidense aún no ha resuelto la prórroga del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que beneficia a 130 países. De prolongarse la indefinición "la oferta exportable (boliviana) estará en inferioridad de condiciones frente a otros países que, como Colombia y Ecuador, gozan del ATPDEA (sigla en inglés de la Ley de Preferencias Arancelarias y de Erradicación de Drogas), o del Perú, Chile, México, que tienen asegurado el libre acceso de sus productos al mercado estadounidense a través de los tratados de libre comercio", agregó el instituto.
Las autoridades bolivianas no se pronunciaron sobre la falta de aprobación del SGP en el congreso estadounidense. Según el IBCE, un 25% de las exportaciones --unos 450 millones de dólares-- se benefician con ese programa.
"Se aguarda que el Senado estadounidense reanude la discusión sobre el SGP a fines de enero con miras a extender los tres esquemas preferenciales hasta junio de 2012, tal y como lo recomendara la Cámara de Representantes el pasado 15 de diciembre", dijo la organización.
Bolivia perdió en 2009 los beneficios del ATPDEA conque Estados Unidos beneficia a países de la región andina por su aporte a la lucha antidroga.
Washington aplicó la sanción poco después de la expulsión del embajador estadounidense en La Paz por la supuesta confabulación con los opositores del presidente Evo Morales.
La decisión se basó en la escasa cooperación del gobierno boliviano a la lucha contra las drogas, argumento desmentido y rechazado por la administración de Morales. Desde fines de 2008 la relación diplomática entre los dos países es irregular.
El IBCE exhortó al gobierno a concretar de una vez el "acuerdo marco" que permita normalizar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos para evitar perjuicios económicos.

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