BRUSELAS.- La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre el nuevo impuesto específico introducido por las autoridades húngaras en el sector de las telecomunicaciones, energía y minorista como forma de contribuir a paliar el déficit en el contexto de la crisis y ha insistido en que no puede haber "discriminación" impositiva entre operadores nacionales y extranjeros.
El Ejecutivo comunitario está estudiando en la actualidad "la primera respuesta" que le han remitido las autoridades húngaras a sus requerimientos de información sobre la nueva norma fiscal, así como "la queja formal" que han presentado trece compañías europeas, incluidas RWE, E.ON, Deutsche Telekom, ING y Axa, contra lo que consideran impuestos abusivos a sus filiales en Hungría, antes de tomar "una decisión" al respecto, ha precisado en rueda de prensa el portavoz de la Comisión, Olivier Bailly.
La Comisión, que no tiene "ninguna indicación hasta el momento" de que el nuevo impuesto, que estará en vigor durante tres años, "vaya a ser prorrogado más allá" de 2012, reconoce que la introducción de un impuesto en un sector dado es competencia de los Estados miembros pero ha insistido en la necesdidad de que se respete el principio de "igualdad", recordando que la legislación europea no permite gravar a un operador de un sector determinado "más" que a otros operadores competidores.
"No tenemos problemas sobre las elecciones presupuestarias y fiscales que hacen los Estados miembros para consolidar la situación y reequilibrar la situación presupuestaria de déficit o de deuda. Existen en cambio en la legislación comunitaria principios de igualdad en relación con la fislcalida, en base a los cuáles no resulta posible gravar a un sector o más bien a los operadores (de un sector determinado) más que a los demás. No puede haber discriminación entre los operadores en relación con una norma fiscal impuesta", ha explicado el portavoz.
En este sentido, ha recordado los procedimientos de infracción abiertos en septiembre pasado contra Francia y España "por crear una fiscalidad específica en el sector de telecomunicaciones con el fin de compensar" la pérdida de ingresos en los medios públicos tras prohibir la publicidad en ellos.
Bailly dejó claro que el Ejecutivo comunitario solicitó "más información" a las autoridades húngaras el pasado 22 de octubre, es decir, "dos meses antes" de recibir "justo antes de Navidades" la "queja formal" que las 13 compañías europeas trasladaron en una carta conjunta al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, el pasado 15 de diciembre. El portavoz confirmó también la recepción de "la primera respuesta" de Budapest el pasado 17 de diciembre, aunque no dio detalles sobre su contenido.
En todo caso, Bruselas deja claro que la queja formal de estas compañías no prejuzga los resultados de la investigación que ha lanzado el Ejecutivo comunitario. "Las quejas formales, que es lo que hemos recibido de estas compañías, no constituyen un caso. Tenemos que investigar primero y esto es lo que estamos haciendo desde el 20 de diciembre", ha puntualizado.
Los grupos energéticos alemanes RWE y E.ON, además de Deutsche Telekom, el grupo de seguros alemán Allianz, el banco holandés ING, la aseguradora francesa Axa, así como la firma energética checa CEZ y la austríaca OMV han solicitado al Ejecutivo comunitario que "convenza al Gobierno húngaro de la importancia de que existan condiciones legales estables para los inversores" y que logre que "Budapest retire estos impuestos injustos" aplicados a las inversiones extranjeras o que les aplique sanciones.
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