MADRID.- Tres de cada cuatro españoles consideran prioritario reducir el déficit público, pero no a costa de la inversión en infraestructuras, del gasto social o subiendo impuestos, sino a base de recortar el gasto en personal de las administraciones públicas. Así, sólo un tercio reduciría el gasto en infraestructuras, el 29% rebajaría el gasto social y el 20% elevaría los impuestos, frente a un 71% que optaría por recortar el gasto público.
Así lo refleja el libro 'Alerta y desconfiada: la sociedad española ante la crisis', elaborado por Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez, presidente e investigador de Analistas Socio-Políticos. La obra, financiada por Funcas, recoge las opiniones y actitudes de los españolas acerca de la crisis a través de dos encuestas realizadas a personas de 18 a 75 años en octubre de 2009 y el mismo mes de 2010.
El informe refleja que ha aumentado de 3,6 a 4,8 años la estimación media de los españoles sobre el tiempo que se tardará en volver a una tasa de paro anterior a la crisis (del 11%, aproximadamente). Asimismo, las expectativas de mejora de la situación financiera del hogar han caído en un año desde el 36% al 22%.
Tanto en 2009 como en 2010, casi seis de cada diez españoles estima que las cosas en España van por un camino equivocado y son muy pocos (un 30% en 2009 y un 26% en 2010) los que opinan que van por la dirección correcta.
Tres de cada cuatro españoles coinciden en que el Gobierno ha informado de la crisis tarde y casi la misma proporción (80%) creen que lo ha hecho además de manera incompleta. Para el 68%, los medios de comunicaciones han informado de la crisis de forma desordenada y confusa. Tampoco ellos se ponen buena nota, pues entienden que su conocimiento sobre la crisis es insuficientes, si bien más de la mitad creen tener una idea bastante clara sobre los principales riesgos de la economía española.
Casi dos tercios de los españoles prefieren la economía de mercado, frente a una economía dirigida por el Gobierno (25%), y el 70% piensa que la crisis actual refleja graves fallos en la regulación y supervisión del capitalismo.
Respecto a si es responsabilidad del Gobierno intervenir y salvar a las instituciones financieras en dificultades, la opinión de los españoles está dividida a partes iguales: la mitad cree que sí y la otra, que no, si bien son mayoría (57%) los que piensan que las inyecciones de dinero público no ayudarán a sanear a las entidades financieras.
Los españoles se muestran, en general, reformistas, pero no apoyarían cualquier clase de medidas. Así, para reducir el paro, sólo un 22% respaldaría un abaratamiento del despido, con el 75% en contra, mientras que el 44% estaría a favor de recortar las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social (el 52% lo rechaza).
Asimismo, únicamente el 27% se muestra favorable a implantar un modelo de negociación colectiva que se adaptase lo máximo posible a las condiciones laborales y salariales de cada empresa, frente a un 68% que optaría por un modelo donde las condiciones de trabajo y los sueldos fueran muy parecidos en cada sector.
Según esta investigación, la gran mayoría de los españoles creen que el peso de la construcción en la economía ha sido excesivo y que ahora, lo que toca, es hacer un gran esfuerzo para mejorar la capacidad de España en la fabricación de productos de alta tecnología.
La mayor parte de los españoles, en concreto un 78%, está en desacuerdo con el modo en que el Gobierno está afrontando la crisis, aunque sólo un 25% opina que un gobierno del PP lo haría mejor. De hecho, más de la mitad creen que tanto el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, como el líder del PP, Mariano Rajoy, saben poco o nada de lo que hablan cuando se pronuncian sobre la crisis.
Asimismo, dos de cada tres españoles consideran que el Banco de España ha faltado a su deber de vigilancia y supervisión, permitiendo a las entidades financieras un endeudamiento excesivo. En general, los españoles confían poco en los dirigentes de bancos y cajas para hacer frente a la crisis financiera y muchos (83%) son los que opinan que han sido poco prudentes a la hora de conceder hipotecas.
Por último, el 84% de los encuestados está de acuerdo con que la UE ejerza cierto control sobre el presupuesto de un país que no sea capaz de recortar su déficit en un tiempo razonable, pero sólo un 44% apoyaría reducir los derechos de voto de ese país en las instituciones europeas.
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