MADRID.- Los diputados de IU, Gaspar Llamazares, e ICV, Nuria Buenaventura, han presentado una proposición de ley en el Congreso sobre la defensa de las cajas de ahorro y su función pública en la que, entre otros puntos, exigen el cese inmediato del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al que acusan de un "demostrable incumplimiento grave de sus obligaciones" de supervisión que está en la base de los problemas que hoy arrastran estas entidades.
"La situación de las cajas es un fracaso de Miguel Ángel Fernández Ordóñez", ha asegurado Llamazares, quien ha asegurado que su gestión ha sido "un fiasco" en lo que se refiere a la supervisión y control de riesgos del sistema financiero, aunque un "éxito en materia de injerencia" en el terreno macroeconómico y laboral. "En una posible remodelación del Gobierno puede tener cabida, pero no en el Banco de España", ha remarcado.
La proposición reclama además la revisión de la Ley de Autonomía del Banco de España para modificar las competencias y funciones del gobernador, con el objeto de asegurar su supervisión e intervención en el sistema financiero y especificar más las "causas de cese previstas en caso de incumplimiento de sus funciones".
"Hace falta otra persona al frente y otro papel de supervisión del Banco de España", ha incidido Llamazares, para quien el organismo debe tener en cuenta no sólo los factores macroeconómicos y financieros en sus decisiones, sino también otros como el impacto social y en el empleo de la situación del sector.
En este sentido, la iniciativa trata de que el Congreso se pronuncie contra el contenido del decreto que presentará este viernes el Consejo de Ministros, y del que han sido excluidos por el Ministerio de Economía y Hacienda y que, a juicio de los dos diputados, será "letal" para las cajas.
En primer lugar, la iniciativa exige que el Gobierno respete los requisitos de Basilea III y no realice "ninguna exigencia de solvencia superior ni si aplicación previa" a las fechas establecidas en este acuerdo, de forma que se mantengan los requisitos del 7% de 'core capital' para 2013. "El Gobierno no puede ser más papista que el Papa", ha denunciado Llamazares.
Pero, al tiempo, plantea desarrollar un "polo financiero público" que cuente con las posibilidades que ofrece la nacionalización de las cajas de ahorro para constituir una red de banca pública articulada alrededor del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que, según han recordado llamazares, "tiene ficha bancaria".
Además, urge al Gobierno a plantear un saneamiento de las cajas de ahorro con la adquisición no sólo de activos financieros a través del Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB), sino también con la compra de activos industriales y financieros. De esta forma, las Administración Públicas podrían hacerse con suelo y viviendas en manos de las entidades con el objetivo de destinarlas a "alquiler social".
Llamazares y Buenaventura consideran que las ayudas directas a las entidades financieras, sean cajas o bancos, deben vincularse al flujo de crédito, la reducción de remuneraciones de las entidades, el mantenimiento de los puestos de trabajo y proteger a las personas con créditos hipotecarios, dentro de un proceso global de reformas que, entre otras cuestiones, garantice la dación de la vivienda en pago para cancelar el préstamo y elimine las cláusulas abusivas.
Para facilitar este objetivo, urge a reformar de nuevo la Ley de Cajas para eliminar la participación privada en las entidades, ya sea a través de cuotas participativas con derechos políticos o de la participación en las sociedades anónimas que gestionen, y limitar la actividad de las cajas a actividades "no especulativas" vinculadas al desarrollo regional.
Por este motivo, exige que se respeten las competencias de las comunidades en materia de control y regulación de las cajas, sin perjuicio de que el sistema pueda articularse "de forma mutualizada o mancomunada".
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