miércoles, 23 de febrero de 2011

La Unión Europea debate cómo responder a la posible ola de inmigrantes irregulares de países árabes

BRUSELAS.- Los ministros del Interior de los Veintisiete debatirán mañana cómo responder a una posible ola de inmigrantes irregulares procedentes de los países árabes afectados por revueltas populares y especialmente de Libia, donde el presidente Muamar el Gadafi ha intensificado la represión contra los rebeldes. Está prevista la asistencia a la reunión del vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.

   Desde principios de año han llegado a las costas italianas, especialmente a la isla de Lampedusa, 5.500 tunecinos. El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, ha alertado del riesgo de que en las próximas semanas lleguen a Europa hasta 300.000 inmigrantes procedentes de Libia. En Bruselas admiten su preocupación por una posible avalancha de inmigrantes, aunque evitan dar sus cifras y se limitan a recordar que en Libia hay entre 500.000 y 1,5 millones de inmigrantes subsaharianos.
   Roma ha pedido ayuda a la UE pero la mayoría de Estados miembros rechaza acoger a parte de los inmigrantes que llegan a las costas italianas. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha pedido a los Estados miembros "solidaridad" si hay que hacer frente a una avalancha de inmigrantes pero ha recordado que el reparto de inmigrantes no está previsto en la legislación comunitaria.
   Los ministros del Interior de España, Francia, Chipre, Grecia y Malta, reunidos hoy en Roma, han publicado una declaración conjunta para pedir a la UE la creación de un "fondo especial de solidaridad" en el que participen todos los países miembro y obtener así "los recursos necesarios" para afrontar la avalancha de inmigrantes que podrían llegar a las costas europeas ante las revueltas que vive el norte de Africa.
   Para España y Francia, lo prioritario es evitar acciones unilaterales y dialogar con los países de origen de la inmigración para lograr su colaboración.
   De momento, la Agencia Europea de Control de Fronteras (FRONTEX) ha lanzado la operación Hermes en el Mediterráneo. Esta misión sólo cuenta por el momento con dos barcos, cuatro aviones y dos helicópteros para patrullar la zona y 30 expertos que se encargarán de identificar la nacionalidad de los inmigrantes y detectar posibles redes de tráfico de seres humanos. La dotación podría ampliarse si se revela necesario en las próximas semanas.
   Italia aportará todos los medios navales; Italia, Francia, Alemania, Países Bajos y España ponen los aviones y helicópteros; y Austria, Italia, Bélgica, Francia, Alemania, Malta, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Suecia, Suiza y España enviarán expertos. El objetivo de la misión, que estará comandada por Italia, será detectar y evitar la llegada de inmigrantes irregulares a Lampedusa y el resto de Islas Pelágicas, Sicilia y a la península italiana. Contará con un presupuesto inicial de dos millones de euros.
   Por lo que se refiere a la petición de Italia de 100 millones de euros de fondos comunitarios para ocuparse de los tunecinos llegados a Lampedusa, el Ejecutivo comunitario ha recordado que Roma recibirá ya durante 2011 un total de 75 millones de euros de fondos europeos para gestión de la inmigración. Además, la comisaria de Interior, Cecilia Mallmström, está estudiando si es posible movilizar más recursos.
   Los ministros del Interior examinarán además el grado de preparación de Bulgaria y Rumanía para entrar en el espacio sin fronteras Schengen. Pese a que la presidencia húngara se había marcado como objetivo adoptar una decisión durante este semestre, Francia y Alemania ya han dejado claro que consideran que los dos países todavía no están preparados.
   De acuerdo con la evaluación técnica, Rumanía prácticamente cumple los requisitos para adherirse a Schengen, pero Bulgaria todavía está muy lejos y no se contempla el acceso de los dos países por separado. Además, París y Berlín resaltan que persisten las dudas sobre el funcionamiento del Estado de derecho y el alcance de la corrupción en los dos países que impiden de momento levantar los controles fronterizos.

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