TUCSON.- La gobernadora de Arizona Jan Brewer anunció el lunes que pedirá a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule el fallo de una jueza federal que suspende la implementación de algunas cláusulas polémicas de la ley de inmigración del estado.
El anuncio se produce luego que Brewer perdiese su apelación inicial el 11 de abril, cuando un panel de tres jueces federales se negó a revertir el fallo de la magistrada que impidió la entrada en vigor de ciertas cláusulas de la ley.
El secretario de Justicia de Arizona Tom Horne dijo que acudir directamente a la Corte Suprema, eliminando una posible segunda apelación ante el tribunal de apelaciones, pudiera ahorrar tiempo para resolver el caso, mientras que Brewer dijo que está segura de que "Arizona prevalecerá en su lucha para proteger a sus ciudadanos".
El estado debe presentar su apelación antes del plazo del 11 de julio, dijeron los funcionarios.
La Corte Suprema tiene absoluta discreción sobre si admite o no la apelación del fallo actual.
"Parece que se trata de un asunto de suficiente importancia nacional para ser determinado al final por la Corte Suprema", dijo Horne.
En su dictamen de abril, el panel de la corte del 9no Circuito dijo que los funcionarios federales muy probablemente demostrarían que la ley es inconstitucional y prevalecerían en su argumento de que el Congreso le ha dado al gobierno federal la autoridad exclusiva de hacer cumplir las leyes de inmigración.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda para invalidar la ley.
Los abogados de la gobernadora han dicho que el gobierno federal no ha hecho cumplir efectivamente la ley federal de inmigración, y que el objetivo del estado al aprobar su propia ley es asistir a las autoridades federales.
El Departamento de Justicia ha dicho que la ley de Arizona usurpa su autoridad exclusiva para regular la inmigración y perjudica a inmigrantes legales.
La ley no es la única que ha representado un reto a la primacía federal en inmigración.
La Corte Suprema está considerando argumentos sobre una apelación por grupos que están tratando de anular una ley del 2007 de Arizona que prohíbe que empresas contraten a sabiendas a inmigrantes ilegales.
Además, grupos de derechos cívicos han presentado una demanda para suspender una nueva ley de inmigración en Utah, diciendo que se asemeja demasiado a la controversial ley de Arizona.
El secretario de Justicia de Arizona Tom Horne dijo que acudir directamente a la Corte Suprema, eliminando una posible segunda apelación ante el tribunal de apelaciones, pudiera ahorrar tiempo para resolver el caso, mientras que Brewer dijo que está segura de que "Arizona prevalecerá en su lucha para proteger a sus ciudadanos".
El estado debe presentar su apelación antes del plazo del 11 de julio, dijeron los funcionarios.
La Corte Suprema tiene absoluta discreción sobre si admite o no la apelación del fallo actual.
"Parece que se trata de un asunto de suficiente importancia nacional para ser determinado al final por la Corte Suprema", dijo Horne.
En su dictamen de abril, el panel de la corte del 9no Circuito dijo que los funcionarios federales muy probablemente demostrarían que la ley es inconstitucional y prevalecerían en su argumento de que el Congreso le ha dado al gobierno federal la autoridad exclusiva de hacer cumplir las leyes de inmigración.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda para invalidar la ley.
Los abogados de la gobernadora han dicho que el gobierno federal no ha hecho cumplir efectivamente la ley federal de inmigración, y que el objetivo del estado al aprobar su propia ley es asistir a las autoridades federales.
El Departamento de Justicia ha dicho que la ley de Arizona usurpa su autoridad exclusiva para regular la inmigración y perjudica a inmigrantes legales.
La ley no es la única que ha representado un reto a la primacía federal en inmigración.
La Corte Suprema está considerando argumentos sobre una apelación por grupos que están tratando de anular una ley del 2007 de Arizona que prohíbe que empresas contraten a sabiendas a inmigrantes ilegales.
Además, grupos de derechos cívicos han presentado una demanda para suspender una nueva ley de inmigración en Utah, diciendo que se asemeja demasiado a la controversial ley de Arizona.
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