MADRID.- El Ministerio Fiscal ha acusado a las entidades financieras de no informar bien a los clientes del contenido de los distintos contratos antes de que éstos los firmen y les ha advertido de que tendrán que cambiar los modos de comercialización de sus productos teniendo en cuenta a los consumidores.
"Sinceramente, ¿puede alguien creerse que un consumidor sale de un banco sabiendo todo lo que ha firmado?", preguntó el fiscal durante su intervención en la segunda sesión del juicio que celebra el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid por la demanda colectiva presentada por OCU contra BBVA y Banco Popular contra 51 cláusulas consideradas abusivas en sus contratos de hipotecas, cuentas corrientes y tarjetas.
El fiscal defendió el establecimiento de una "discriminación positiva" en favor del consumidor frente a las entidades financieras, a las que advirtió de que deberán "cambiar los modos contractuales y negociar las cláusulas individualmente" para adaptarse a la nueva legislación que recoge la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias de 2007.
Por su parte, los abogados de BBVA y Banco Popular defendieron que todos sus contratos -sobre todo los hipotecarios- son objeto de "consentimiento libre" por parte del cliente, tal y como establece la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos que les obliga a dar la información adecuada al cliente.
Además, argumentaron que antes de firmar, todas las cláusulas son revisadas por un notario que comprueba su legalidad. Al respecto, el fiscal criticó que los consumidores solo cuenten con la información que figura en la oferta vinculada al contrato tres días antes de acudir al notario.
Las defensas de las entidades financieras añadieron que la mayoría de las 51 cláusulas impugnadas por la OCU por abusivas ya no se incluyen en los contratos y que las van retirando según son anuladas por las distintas sentencias firmes que las declaran abusivas.
Por su parte, el juez Javier Yáñez recordó que durante el juicio se va a estudiar si la "racionalidad económica de las entidades financieras se puede trasladar al consumidor", ante el argumento de los bancos de que estas cláusulas les permiten "operar sin pérdidas". Esta argumentación afecta directamente a las llamadas cláusulas de suelo y techo de tipos de interés de las hipotecas.
Las defensas de BBVA y Banco Popular defendieron que estas limitaciones en los tipos de interés "son parte del precio" y permiten una competencia entre entidades de la que se benefician los clientes, generando préstamos "de mayor cuantía y a menor coste" que permiten "la accesibilidad de la población a la vivienda".
"Parece que a veces se olvida que el sistema financiero es un sistema que tiene que estar encajado y que es el principal sector en las sociedades capitalistas", recordó el abogado del BBVA, quien alertó de que regular estas cláusulas conllevaría a una "reducción del crédito".
En este sentido, las entidades recordaron que los pactos de limitación de los tipos de interés de las hipotecas se hacen con suelos de un mínimo del 2% y techos de un máximo del 15%. Por su parte, el fiscal apuntó que el consumidor "no tiene por qué saber" que el banco tiene que obtener unos determinados ingresos y afirmó que no existe reciprocidad a favor del cliente en los suelos del 4%, cuando los intereses actuales no llegan al 1,25%.
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