Nuestros vecinos de Portugal ya están manos a la obra para sanear su economía. No sería desaconsejable ver el asunto de Portugal como algo que nos resulta ajeno, más bien todo lo contrario. Y ello por dos motivos: primero, porque el plan de ajuste portugués va a condicionar de forma significativa las relaciones económicas entre España y nuestro vecino ibérico. Segundo, porque el rumbo que va a recorrer Portugal y las reformas que va a emprender tienen bastante similitud con las que necesita afrontar seriamente España, aunque la gravedad de la crisis es bastante más profunda en casi todos los aspectos en el caso portugués, de ahí que el país se encuentra prácticamente en libertad condicional con tres vigilantes bastante estrictos, el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
La primera de las cuestiones, el impacto económico directo. Portugal afronta un bienio negro en su economía, cuyo PIB caerá posiblemente en torno a un 2%. Esta caída puede tener cierta repercusión sobre las exportaciones españolas, ya que Portugal es uno de nuestros principales clientes, el cuarto, con un 9% de peso en la exportación española de estos últimos años. Es bastante probable que las empresas españolas exportadoras se resientan de la previsible caída del consumo portugués, ya que uno de los pilares de su programa de saneamiento radica en las subidas de impuestos sobre el consumo con objeto de mejorar la lucha contra el déficit.
En cuanto al papel de las empresas españolas en Portugal, cerca de un millar, sus planes de inversión y sobre todo algunos de sus contratos van a entrar previsiblemente en vía muerta. El enlace ferroviario a través del AVE parece que será uno de los principales afectados por el recorte de la inversión pública en el vecino país.
El programa de privatizaciones portugués es uno de los pilares que deberían devolver el equilibrio en las cuentas públicas del país. A diferencia de España, Portugal conserva aún bastantes empresas en poder del Estado o con elevadas participaciones. La compañía aérea TAP, la eléctrica EDP, la petrolera GALP y algunas otras, incluso en el sector financiero, están metidas bajo el cobijo del Estado. Portugal ha mantenido por lo general una actitud reticente y contraria a la presencia de grandes empresas españolas en el país. En alguna medida, para preservar su independencia frente a las empresas españolas, algunas de las mayores empresas portuguesas han debido acogerse a la tutela del Estado.
Este papel protector puede quedar ahora en entredicho. La venta de empresas portuguesas podría ser una buena ocasión para que algunas empresas españolas expandan sus actividades en un territorio tan próximo, aunque tan poco acogedor por lo general. Esta crisis puede desembocar en una mayor integración entre las economías y las empresas de los dos países. Es bastante probable que este proceso de realice mediante un aumento de la tutela española sobre algunas áreas de la actividad económica portuguesa, lo que no traerá buenas sensaciones a algunos sectores políticos portugueses, muy sensibilizados siempre a la dependencia frente a España.
El otro gran impacto sobre España que va a tener la actual digestión económica portuguesa es su condición de laboratorio a seguir de cerca para algunas de las reformas que el Gobierno del país ha tenido que afrontar bajo la presión de sus padrinos exteriores. Estos han insistido sobremanera en que Portugal debe convertirse en una economía competitiva para facilitar la creación de empleo y el crecimiento económico. Muchas de esas medidas, que tienen que ver con la racionalización del sector público, van a serle sugeridas también a España por parte de los organismos internacionales. El hecho de que triunfen en Portugal y ayuden a sacar al país de la crisis será todo un acicate para que España tome buena nota y siga el ejemplo.
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