BRUSELAS.- Varios países de la Unión Europea, liderados por Reino Unido, Francia y Alemania han pedido en una carta a la Comisión Europea que recorte el gasto en salarios y pensiones de los eurofuncionarios de cara al próximo periodo presupuestario 2014-2020.
Además, también reclaman que se reforme el polémico método con el que se calculan las variaciones anuales de los salarios, que el año pasado llevó a Bruselas a proponer un aumento del 3'7% en las nóminas de los funcionarios pese a estar en plena crisis económica.
"El gasto de la administración europea no puede quedar exenta de los esfuerzos considerables hechos por los Estados miembros para reducir sus gastos administrativos, y por ello se requieren reducciones muy sustanciales en estos gastos, incluidos salarios, pensiones y beneficios, en el próximo marco financiero multianual", dice el documento de trabajo firmado por Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia y Reino Unido.
Estos ocho países plantean además "reformas" en el estatuto de funcionario, en concreto en cuanto a la forma en que se calcula el aumento o reducción anual del sueldo de los funcionarios de la UE y que tiene en cuenta varios factores, pero que no permite al Consejo introducir cambios.
El sistema se basa fundamentalmente en la evolución en el último año de los sueldos en ocho Estados miembros (España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo), que representan el 76% del PIB de la UE; y un índice que calcula el coste de la vida para funcionarios internacionales en Bruselas.
Los países que firman la carta también reclaman cambios en el sistema de pensiones y advierten de que no se pueden seguir añadiendo más ventajas en materia de pensiones porque lo hará "financieramente insostenible a largo plazo".
Además, mencionan datos de la oficina europea de estadística (Eurostat) para insistir en que la situación es "insostenible" y que de continuar así los costes por pensiones "pronto superarán los costes del personal activo".
La carta es en realidad un documento de trabajo que ha sido remitido a todas las delegaciones con el objetivo de alimentar el debate y "ayudar a la Comisión en la reflexión" en curso para la propuesta de reforma del gasto que prepara el Ejecutivo comunitario para la próxima semana, han explicado fuentes diplomáticas, que subrayan que "nadie comprendería" que se mantuvieran estas ventajas en la función pública europea, mientras se recortan en las nacionales y por ellos los Estados miembros piden que el marco del eurofuncionario "se adapte a la situación actual".
El comisario de Relaciones Interinstitucionales y Administración, Maros Sefcovic, presentará a sus colegas del Ejecutivo comunitario "sus propias propuestas" para reformar el estatuto del funcionario, explican desde su Gabinete, aunque "toma nota" de las ideas del grupo de signatarios de la carta porque puede "contribuir al debate". Con todo, Sefcovic presentará una "revisión limitada" de ese marco y también su propuesta para el marco multianual 2014-2020, han precisado fuentes comunitarias.
Además, también reclaman que se reforme el polémico método con el que se calculan las variaciones anuales de los salarios, que el año pasado llevó a Bruselas a proponer un aumento del 3'7% en las nóminas de los funcionarios pese a estar en plena crisis económica.
"El gasto de la administración europea no puede quedar exenta de los esfuerzos considerables hechos por los Estados miembros para reducir sus gastos administrativos, y por ello se requieren reducciones muy sustanciales en estos gastos, incluidos salarios, pensiones y beneficios, en el próximo marco financiero multianual", dice el documento de trabajo firmado por Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia y Reino Unido.
Estos ocho países plantean además "reformas" en el estatuto de funcionario, en concreto en cuanto a la forma en que se calcula el aumento o reducción anual del sueldo de los funcionarios de la UE y que tiene en cuenta varios factores, pero que no permite al Consejo introducir cambios.
El sistema se basa fundamentalmente en la evolución en el último año de los sueldos en ocho Estados miembros (España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo), que representan el 76% del PIB de la UE; y un índice que calcula el coste de la vida para funcionarios internacionales en Bruselas.
Los países que firman la carta también reclaman cambios en el sistema de pensiones y advierten de que no se pueden seguir añadiendo más ventajas en materia de pensiones porque lo hará "financieramente insostenible a largo plazo".
Además, mencionan datos de la oficina europea de estadística (Eurostat) para insistir en que la situación es "insostenible" y que de continuar así los costes por pensiones "pronto superarán los costes del personal activo".
La carta es en realidad un documento de trabajo que ha sido remitido a todas las delegaciones con el objetivo de alimentar el debate y "ayudar a la Comisión en la reflexión" en curso para la propuesta de reforma del gasto que prepara el Ejecutivo comunitario para la próxima semana, han explicado fuentes diplomáticas, que subrayan que "nadie comprendería" que se mantuvieran estas ventajas en la función pública europea, mientras se recortan en las nacionales y por ellos los Estados miembros piden que el marco del eurofuncionario "se adapte a la situación actual".
El comisario de Relaciones Interinstitucionales y Administración, Maros Sefcovic, presentará a sus colegas del Ejecutivo comunitario "sus propias propuestas" para reformar el estatuto del funcionario, explican desde su Gabinete, aunque "toma nota" de las ideas del grupo de signatarios de la carta porque puede "contribuir al debate". Con todo, Sefcovic presentará una "revisión limitada" de ese marco y también su propuesta para el marco multianual 2014-2020, han precisado fuentes comunitarias.
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