lunes, 20 de junio de 2011

Un tribunal chileno ordena parar el megaproyecto eléctrico en La Patagonia

SANTIAGO.- Un tribunal chileno ordenó el lunes paralizar el proceso de construcción del polémico megaproyecto eléctrico HidroAysén en el sur del país, en el que participa la compañía española Endesa, en respuesta a una apelación presentada por senadores y ecologistas.

El plan de construir cinco centrales en la lluviosa Patagonia chilena fue aprobado a inicios de mayo, ante un fuerte rechazo político, que derivó en un debilitamiento al respaldo a la gestión del Gobierno de Sebastián Piñera.
El fallo precisó que tendrá que constatar la legalidad del proceso en que se aprobó la edificación de HidroAysén, "lo que significa que el proyecto se encuentra paralizado hasta que no se resuelva el fondo del asunto".
No estaba claro el tiempo que tardará el tribunal en resolver la causa.
La compañía, una asociación entre las generadoras Endesa Chile y Colbún, dijo que no emitiría una reacción inmediata a la medida legal.
Las acciones de Colbún registraron una baja del 3,5 por ciento en la bolsa local al conocerse el fallo, aunque posteriormente recortaron pérdidas a un 0,60 por ciento a 131,89 pesos a las 12.20 hora local (1620 GMT).
En tanto, los títulos de Endesa perdían un 1,5 por ciento a 876 pesos por papel.
El proyecto estará ubicado en la región de Aysén, en el sur del país, y producirá 2.750 megavatios en total, lo que lo convierte en el de mayor envergadura en Chile.
Grupos ecologistas locales y extranjeros han mantenido una férrea campaña contra la construcción del proyecto en la remota zona, alegando que destruiría el ecosistema y afectaría su potencial turístico.
Los adversarios han realizado diversas manifestaciones a lo largo del país en contra del proyecto, que aún tiene pendiente la aprobación de un extenso tendido eléctrico.
El mayo, el respaldo a la gestión de Piñera llegó a su nivel más bajo desde su llegada al poder debido a la aprobación del proyecto, lo que también impactó sensiblemente la popularidad del ministro de Energía y Minería, Laurence Golborne.
La polémica en torno al proyecto de 3.500 millones de dólares ocurre mientras el Gobierno lucha por ampliar la debilitada matriz energética para poder encarar los niveles de crecimiento de la economía para los próximos años.

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