El Banco de España lamenta que no se escucharan sus avisos sobre la burbuja inmobiliaria

MADRID.- El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha defendido su obligación de "decir lo que piensa" sobre la economía y la política española porque proviene de uno de los servicios de estudio "más prestigiosos de Europa", y ha lamentado que los diferentes Gobiernos no hubieran escuchado "con tiempo" lo que dijo el supervisor durante "mucho tiempo" antes de la crisis acerca de "la burbuja inmobiliaria".

   "Visto en perspectiva, si se hubiera escuchado con tiempo lo que ha estado diciendo el Banco de España durante la burbuja inmobiliaria", ha afirmado el supervisor durante su segundo turno de intervención ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, recriminando a los "diferentes Gobiernos y diferentes opiniones" que sostuvieran que "no pasa nada".

   En este sentido, ha asegurado que el Banco de España "hizo mucho más" que otros supervisores, y en este sentido ha elogiado la labor de su predecesor en el cargo, el recientemente fallecido Ángel Rojo, por la creación de las provisiones dinámicas, así como por impedir la  constitución por parte de las entidades de productos de riesgo crediticio como ocurrió en otros países.

   Al margen de la labor del supervisor, que según ha recordado ha inspirado actuaciones en el ámbito internacional contra la crisis financiera, Fernández Ordóñez ha reivindicado también la política de subida de tipos por parte del BCE hasta 2008, que contribuyó a moderar la evolución del sector inmobiliario.

   "Qué hubiera sido de la burbuja si se hubiera dejado crecer", se ha preguntado Fernández Ordóñez, advirtiendo de que, pese a estas actuaciones, el crédito creció un 20%, de no hacer nada "hubiera sido un desastre".  

   Ante las críticas del portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, por sus declaraciones acerca de la política laboral y fiscal, el gobernador ha defendido que el Banco de España juega un "papel importante" y "enormemente positivo" en asesorar al Gobierno y debe trasladar también sus consideraciones al Parlamento y la sociedad, una "tradición" que no se debe cambiar.

   Así, ha recalcado que el supervisor debe pronunciarse sobre cuestiones como la reforma laboral y la consolidación fiscal, en especial por parte de las comunidades autónomas, por su peso determinante en el sector financiero, ya que afectan al comportamiento de la prima de riesgo.