BRUSELAS.- Los ministros de Economía de la Unión Europea se reúnen mañana de forma extraordinaria para examinar la petición de la Eurocámara de endurecer el nuevo sistema de sanciones a los países con déficit y desequilibrios excesivos y hacerlo más automático. Los Gobiernos y el Parlamento se han comprometido a alcanzar un acuerdo definitivo antes del verano.
El segundo rescate para Grecia no está oficialmente en la agenda del encuentro, pese a que se acerca el plazo del 20 de junio marcado para lograr un compromiso y persiste el desacuerdo entre Alemania y el Banco Central Europeo (BCE) sobre la participación de los bancos privados en la nueva asistencia.
Berlín exige que el segundo rescate, que podría situarse entre 60.000 y 90.000 euros según diversas estimaciones, incluya un canje voluntario de los bonos griegos en manos de inversores privados que vencen en los próximos dos años por otros que venzan dentro de siete años. Su objetivo es evitar que los contribuyentes asuman toda la carga de la nueva asistencia.
Pero el Banco Central Europeo insiste en que esta reestructuración suave de la deuda griega creará turbulencias en los mercados similares a las que provocó la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers en 2008 que se contagiarán al resto de países periféricos de la eurozona. La única participación del sector privado en el rescate de Grecia que acepta el BCE consiste en animar a los titulares de bonos griegos que vencen durante los próximos meses a comprar otros nuevos.
Los máximos responsables de la eurozona han explicado las últimas semanas que buscan una fórmula para reestructurar la deuda griega que no reciba una valoración negativa de las agencias de 'rating' y no se interprete como una suspensión de pagos que desencadene los seguros contra el impago de la deuda (CDS).
Las negociaciones a nivel político se intensificaron durante la última semana con la celebración de una teleconferencia del Eurogrupo el pasado 8 de junio. La reunión de este martes podría servir para nuevas discusiones informales que permitan acercar posturas.
Pero oficialmente, el Ecofin informal se centrará en el nuevo sistema de sanciones. Los 27 ya alcanzaron un acuerdo provisional el pasado 15 de marzo sobre multas de hasta el 0,2% del PIB, que en el caso de España ascenderían a 2.000 millones de euros, para los países con déficit y desequilibrios excesivos.
Sin embargo, el BCE ha denunciado que el nuevo modelo es insuficiente para prevenir futuras crisis de deuda y ha reclamado a la Eurocámara que lo endurezca. Las sanciones no son casi automáticas como defendía la Comisión, se da más tiempo a los países incumplidores para enderezarse y más peso a las decisiones políticas del Ecofin, que en el pasado ha aprobado incumplir el Pacto de Estabilidad.
Los representantes parlamentarios y la presidencia húngara llevan semanas negociando y en estos momentos quedan tres puntos fundamentales de desacuerdo, que serán examinados por los ministros de Economía, según han informado fuentes diplomáticas. En primer lugar, la Eurocámara quiere generalizar el uso del mecanismo del voto inverso, lo que quiere decir que la propuesta de sanciones presentada por la Comisión se considerará adoptada a menos que el Consejo la rechace por mayoría cualificada.
El objetivo es reforzar la independencia de Bruselas y prevenir las interferencias políticas de los ministros de Economía durante el proceso sancionador.
Tampoco hay acuerdo sobre el nuevo sistema de indicadores que se utilizará para determinar si un país se encuentra en una situación de desequilibrio excesivo, como las burbujas inmobiliarias.
Finalmente, el Parlamento Europeo reclama nuevas competencias para poder convocar comparecencias de cualquier ministro de Economía de la UE inmerso en un proceso sancionador.
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