BRUSELAS.- Grecia y otros países del llamado Viejo Continente, sufren hoy las consecuencias de las políticas neoliberales impuestas por los gobiernos europeos en coordinación con las organizaciones internacionales financieras durante las últimas décadas.
En efecto, el Parlamento de la nación helénica acaba de aprobar la ley de aplicación del ajuste elaborado para evitar la quiebra del país, luego de varios días de choques entre la policía y manifestantes que denuncian ese plan de recortes y masivas privatizaciones.
Atenas necesita esos fondos para cumplir con vencimientos a mediados de julio, pero la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) amenazaban con privarla de ellos si no se aprobaban las medias de austeridad.
Grecia, un barril sin fondo
La situación recuerda la del año anterior, cuando para evitar que el país cayera en quiebra por su gigantesca deuda pública, fue necesario comprometer un apoyo de Alemania, otras naciones europeas y del FMI de 110 mil millones de dólares.
Ahora será necesaria una cantidad similar o aún superior, segúns e reconoció oficialmente.
A fin de aliviar el peso de la deuda, equivalente a 350 mil millones de euros, es decir, el 159 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de nuevo los socios europeos, encabezados por Alemania y Francia, acuden en auxilio.
El propósito es contribuir a resolver el problema y evitar uno mayor: su propagación a otras naciones en dificultades, entre ellas España e Italia, y amenace la seguridad europea.
Con la posibilidad de obtener créditos abundantes, Grecia gastó mucho más de lo que podría hacerlo según sus ingresos, lo que le provocó dicho débito y abultado déficit fiscal.
Otras naciones del bloque presentan similares dificultades, pero el Estado helénico era el más pobre y débil de todos.
El Parlamento aprobó con 155 votos a favor y 138 en contra el plan de austeridad propuesto por el primer ministro griego, George Papandreu.
Éste prevé el ahorro de 28 mil 400 millones de euros en el período 2012-2015 y un programa de privatizaciones para recaudar otros 50 mil millones.
Las consecuencias de esos ajustes caerá sobre las espaldas de los desposeídos, cuyas condiciones de vida se deteriorarán aún más.
Si bien la situación se resolvió por el momento, ha sido al costo del desprestigio y el deterioro político gubernamental, y el desencanto y el disgusto de las masas, en particular de la juventud.
Muchos de los jóvenes tienen un alto grado de instrucción, y no perciben una esperanza de futuro para sus vidas.
Para no pocos expertos, la solución no vendrá del exterior, de la ayuda internacional, sino que tiene que ser interna.
Indudablemente, la crisis griega y la del continente, que tiende a debilitar el euro, es un problema político y no técnico.
Demuestra una vez más que Europa padece las políticas neoliberales y de libre comercio que impusieron los gobiernos a la población Y las organizaciones financieras internacionales en la última década.
Entre algunas de sus consecuencias están la privatización indiscriminada de la economía, incluidos los servicios públicos, el endeudamiento del Estado por desmedido consumismo y mayor desigualdad entre ricos y pobres.
La crisis permite a una impopular institución como el FMI participar e involucrarse más en Europa, mientras que Estados Unidos ve la posibilidad de fortalecimiento de su debilitado dólar frente al euro.
De acuerdo con analistas, los ingentes empréstitos beneficiarán en mayor medida a bancarios y empresarios, más que a los trabajadores.
Sin duda, la situación a la que ha ido a parar Grecia y otros países de la zona, implica un cuestionamiento al capitalismo salvaje.
Representa una crítica al sistema neoliberal, que hace descargar sobre las masas la irresponsabilidad gubernamental, y a las políticas de ajustes promovidas por el FMI y otras organizaciones.
Expertos coinciden en que es necesario devolver a la política el mando de la economía, pues no se puede dejar sólo a los técnicos las soluciones, ya que el factor humano es fundamental en la ecuación.
Esto último se expresa en lo que hace el gobierno para ayudar a la economía del ciudadano común.
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