El objetivo es consumar el acuerdo en 2012, expresó en un comunicado el ministro canadiense de Comercio Internacional, Ed Fast, al destacar que se hacen "progresos importantes".
Ottawa considera que un convenio de tal naturaleza aumentaría "drásticamente el comercio bilateral y la creación de empleos", señaló el titular, citado por la cadena noticiosa CBC.
Canadá y la Unión Europea informaron con anterioridad que decidieron obviar los asuntos más espinosos y dejarlos fuera de la agenda de las últimas rondas negociadoras para concentrarse en aquellos aspectos en los que es más fácil llegar a un pacto.
Tales puntos son los vinculados, entre otros, a subsidios agrarios, las exportaciones de petróleo extraído de las arenas bituminosas y las restricciones canadienses a las inversiones europeas.
La próxima ronda negociadora se efectuará en esta capital en octubre y según el gobierno es la iniciativa comercial más importante del país desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y México.
Un estudio divulgado en 2008, plantea que un eventual acuerdo de libre comercio con la Unión Europea tiene el potencial de incrementar el Producto Interior Bruto (PIB) nacional en al menos 12.000 millones de dólares.
Sin embargo, otro informe preparado a finales de 2010 por el Centro Canadiense para Alternativas Políticas alertó que Canadá podría perder entre 28.000 y 150.000 puestos de trabajo.
Además advierte la investigación que el déficit comercial del país se elevará "de forma significativa" con la firma de ese convenio comercial.
Precisamente, la Red por un Comercio Justo recientemente creada, hizo público en abril pasado el texto de un proyecto del Acuerdo económico y comercial global Canadá- Unión Europea (AECG). "Se trata del acuerdo bilateral más importante negociado desde el NAFTA". La Red expresa serias reservas sobre los efectos que este Acuerdo podrá tener, entre otros, sobre las políticas de salud pública y de protección del ambiente, como también sobre los servicios públicos, tanto en Europa como en Canadá. Señala además cuales son las reivindicaciones que el Gobierno deberá satisfacer antes de proseguir con las negociaciones.
"Las controvertidas disposiciones que incluye el proyecto de acuerdo sometería el sector de las telecomunicaciones de Canadá a una irrestricta propiedad extranjera, impediría a los gobiernos municipales el poner en marcha estrategias de compras locales o éticas e impondría un exigente criterio de necesidad a las medidas de prudencia financiera destinadas a ayudar a los gobiernos a paliar o a prevenir las crisis bancarias y financieras.
El texto del proyecto se refiere también a la Ley de energía verde de Ontario y eliminaría el derecho de los agricultores a almacenar, a reutilizar y a vender semillas. Esta propuesta otorgaría a las empresas biotecnológicas, farmacéuticas, de pesticidas, de semillas y de cereales nuevos y poderosos instrumentos con los que decidir quién y cómo se desarrollará la actividad agrícola.
Por otra parte los negociadores canadienses del acuerdo han incorporado un controvertido mecanismo de reglamentación de resolución de los diferendos entre un inversor y el Estado , muy parecido al del capítulo XI del NAFTA. Dicho capítulo ha alentado a las grandes multinacionales a demandar a los gobiernos norteamericanos para percibir indemnizaciones debido a que las políticas de salud pública y de protección del ambiente reducen sus ganancias.
La Red por un Comercio Justo ha elaborado una lista que incluye 11 reivindicaciones que, a su criterio, deben ser tenidas en cuenta en cualquier acuerdo comercial con Europa.. Reclama además una evaluación exhaustiva de las incidencias del acuerdo sobre la economía, el empleo, la pobreza, la desigualdad entre hombres y mujeres, los derechos de las personas. Los agricultores, la cultura y el ambiente.
Solicita una fundamental protección a los servicios públicos y al incremento de las políticas sociales y una protección del derecho de recurrir a los mercados públicos para favorecer el desarrollo económico y el derecho a reglamentar en interés público fundado en el derecho de precaución. Exige también un compromiso a favor de la protección de los trabajadores y las trabajadoras y del ambiente tendiente a darles una ejecutividad igual o superior a las garantizadas a los inversores.
Se agrega el reconocimiento a la prioridad del derecho de los pueblos autóctonos sobre el de las empresas en relación a las tierras, territorios y agua autóctonas".
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