MADRID.- El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno explique si en los últimos meses ha mantenido contactos con alguna o con las tres principales agencias de calificación para "frenar o abortar definitivamente la querella criminal interpuesta en febrero contra las mismas por siete organizaciones sociales y políticas, entre ellas IU".
En un comunicado, la formación informa de que pide explicaciones "tras haber conocido IU desde distintos ámbitos la materialización de estos contactos con el Ejecutivo, posterior al que representantes legales de estas mismas agencias tuvieron también en mayo con miembros de la Fiscalía de la Audiencia Nacional".
En concreto, pretende averiguar si todas o alguna de las agencias "habrían podido comunicar, directa o indirectamente al Gobierno su intención de no calificar más la deuda pública española en caso de continuarse con el procedimiento penal" o si, por el contrario, el archivo del mismo tendría alguna compensación favorable en el trabajo que realizan.
IU señala que la Audiencia Nacional tiene encima de la mesa desde febrero una querella criminal contra Moody's España, Fitch Ratings España y S&P por los presuntos delitos de alteración artificial de los precios y uso de información privilegiada, en relación con la deuda pública española.
La querella recayó en el Juzgado Central de Instrucción nº 2, cuyo titular, Ismael Moreno, a juicio de IU ha "eludido durante meses pronunciarse sobre la admisión a trámite de la misma".
"Los abogados de las organizaciones querellantes, entre ellos Enrique Santiago por parte de IU, dieron por admitida la querella en la práctica después de que el magistrado les reclamara en marzo traducciones de varios documentos ya presentados", apunta la formación, antes de criticar el "silencio" del Gobierno respecto a esta iniciativa legal.
En su iniciativa parlamentaria, Llamazares pide conocer "quién o quiénes del Gobierno serían los receptores" de la información transmitida por las agencias, así como "qué agencias lo habrían hecho y a través de quién o quiénes".
IU reprocha al Gobierno que no haya "alentado una rápida actuación de la Fiscalía en defensa de los intereses del Estado y que no diera instrucciones para que la Abogacía del Estado trabajara de forma decidida en defensa de ese mismo interés económico público".
Por este motivo, Llamazares pregunta también sobre "si, una vez producida la aproximación con las agencias de 'rating', ha instruido el Gobierno a la Abogacía del Estado para que se persone en dicho procedimiento penal".
Llamazares considera que "de haber estado personada la Abogacía del Estado desde el principio sería mucho más fácil conocer hasta dónde ha influido el Gobierno en los argumentos dados por la Fiscalía para rechazar la investigación a las agencias".
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