ATENAS.- El partido griego en el gobierno forzó el martes la aprobación de un muy impopular impuesto de propiedades para convencer a los inspectores de los prestadores internacionales de que liberen la crucial ayuda, y la policía antidisturbios dispersó a unos 1.000 manifestantes fuera del Parlamento.
La votación fue una prueba importante para la capacidad del Gobierno socialista de impulsar más medidas de austeridad y así obtener el préstamo de 8.000 millones de euros de la UE y el FMI que necesita para evitar quedarse sin dinero el mes que viene.
Airados manifestantes contra la austeridad silbaron y abuchearon en los escalones al Parlamento, donde los 154 miembros del gobernante partido socialista de Giorgios Papandreu votaron la medida en la asamblea de 300 escaños.
"Las decisiones del 21 de julio son como una Biblia institucional para nosotros", dijo el ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, prometiendo cumplir los objetivos del nuevo rescate acordados este verano. "Son el marco de referencia en el que nos movemos".
Se espera que los inspectores vuelvan a Atenas el jueves, y dependerá de ellos aprobar los nuevos fondos.
Las medidas han exasperado a los griegos de a pie, que ya han sufrido varias oleadas de recortes de presupuesto y subidas de impuestos que han impulsado el desempleo a más del 16 por ciento, y prometen hacer de 2012 el cuarto año de recesión del país mediterráneo.
Los conductores de metro y autobús hicieron paros el martes en protesta contra las medidas de austeridad , y los recaudadores de impuestos y algunos funcionarios del Ministerio de Finanzas iniciaron una huelga de 48 horas. El miércoles se esperan más huelgas.
Antes, una columna de camiones de basuras y trabajadores de la ciudad en moto condujeron despacio frente a la cámara en la antigua plaza Syntagma de la capital, donde unas 100 personas resultaron heridas en sangrientos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en junio.
En el otro extremo de la plaza, la policía antidisturbios retuvo a cientos de activistas que portaban pancartas diciendo "¡Nuevos recortes no!" y cantando "¡Llevaos vuestro rescate e iros!", que rodeaban el Ministerio de Finanzas.
Dentro, Venizelos prometió atenerse al acuerdo alcanzado en julio por Grecia, sus prestamistas y los tenedores de bonos privados, que ofrecerá 109.000 millones de euros en financiación hasta 2014 si Grecia puede recortar su inflado sector público, abrir sus economía y vender las empresas públicas ineficientes.
Venizelos acababa de regresar de Washington, donde intentó calmar los alterados nervios después de que el equipo de la 'troika' del FMI y la UE abandonaran repentinamente Grecia el pasado septiembre y amenazaran con recortar fondos por la lentitud de Atenas para tomar medidas.
El ministro dijo que Papandreu enviaría las cartas de garantía solicitadas por el equipo para demostrar que el Gobierno está completamente comprometido a cumplir sus obligaciones.
El presidente del eurogrupo, Jean-Claude Juncker, dijo haber sido informado de que el equipo volvería el jueves a Atenas, y según fuentes cercanas a la 'troika' empezarán a calcular si Grecia ha hecho suficiente como para recibir la ayuda.
Para convencerles, el gobierno ha dicho que su nuevo plan de austeridad recortará salarios públicos y pensiones, pondrá a 30.000 funcionarios en preaviso de despido y extenderá el tributo de propiedades hasta 2014, dos años más de lo previsto.
La troika ha criticado al Gobierno de Atenas por arrastrar los pies en una promesa de recortar en un quinto su plantilla de 730.000 empleados públicos y vender empresas estatales en pérdidas.
El Gobierno tampoco ha logrado acabar con la extendida evasión fiscal, mientras que un tercer año de contracción económica ha perjudicado a los ingresos presupuestarios y socavado el objetivo griego de recortar el déficit presupuestario al 7,6 por ciento del PIB este año.
La inercia de Atenas a la hora de aplicar medidas, unida a la inactividad de los líderes europeos para establecer una red de seguridad más amplia, ha avivado los temores a que una quiebra griega pueda arrastrar a otros estados de la eurozona como Italia y España y provocar una nueva recesión global.
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