MADRID.- La Justicia española desestimó una querella presentada contra las principales agencias de calificación financiera -Moody's, Fitch y Standard and Poor's-, por considerar que sus degradaciones de la nota de España no son un delito ni hubo utilización de información privilegiada.
El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional rechazó la demanda presentada en febrero pasado por el Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración de los Derechos Humanos, el partido Izquierda Unida (IU) y la asociación ATTAC, en una decisión del 30 de agosto hecha pública este viernes.
Los querellantes habían denunciado a las agencias por su actuación en la actual crisis económica, especialmente por las rebajas de la deuda soberana española entre 2009 y 2010, considerando que estas entidades "modulan, manipulan y generan situaciones, contraviniendo la legalidad penal, para obtener unos beneficios tanto directos como indirectos".
El juez Moreno consideró, sin embargo, que no hay "ninguna imputación de hechos concretos" que encajen en los presuntos delitos de alteración artificial de los precios y uso de información privilegiada y que "toda la querella se basa en la criminalización de la actividad propia de estas agencias".
Pese a que reconoce que la rebaja de la nota de España tuvo "consecuencias negativas para las arcas públicas españolas", el magistrado estima que desde el punto de vista penal no se puede decir que estas rebajas se basaran en "datos falsos".
"De cualquier modo, admitiendo que las agencias de calificación se equivocaron gravemente, habrá de reconocerse que no fueron las únicas", afirma el auto, precisando que "hoy es generalmente admitido que hubo un fracaso generalizado de los políticos, organismos reguladores, economistas, analistas y otros expertos a nivel mundial tanto en la previsión de la crisis como, sobre todo, en su extraordinaria magnitud".
Así, el juez Moreno recuerda un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que reconoce que "desoyó en 2004 y 2007 las señales de alerta y se mostró complaciente con los países ricos".
Por todo ello, el magistrado considera que se trata de unas "imputaciones genéricas" que no justifican una investigación al "no revestir caracteres de delito".
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