SEVILLA.- El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, con los votos del PSOE-A, mientras que PP-A se ha abstenido e IULV-CA ha votado en contra, la Ley del Olivar, que amplía las medidas de apoyo de la Junta para asegurar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector, principal actividad económica de 250.000 familias en más de 300 municipios.
La nueva Ley establece el marco normativo para mantener y mejorar el cultivo, facilitar el desarrollo sostenible de los territorios olivareros y fomentar la calidad y promoción de sus productos.
El PSOE-A ha apoyado casi una decena de enmiendas parciales del PP-A al proyecto de ley, mientras que no ha aceptado ninguna de IUlV-CA. El grupo popular ha apoyado una decena de artículos de la norma, que se sometieron a una votación separada del resto del texto. El debate ha sido seguido por representantes del sector olivarero andaluz desde la tribuna de invitados del salón de plenos.
La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha indicado que se trata de una ley muy importante para el Gobierno y ha agradecido todo el trabajo de todas las organizaciones agrarias y la federación de cooperativas, que han ayudado a hacer una que aspira a la mayor ambición por el olivar de Andalucía. Desde hoy, según ha apuntado, esta comunidad contará con una importante ley territorial que facilitará los instrumentos necesarios para afrontar con éxito los retos que se avecinan y la consolidación del liderazgo mundial del olivar andaluz.
Por su parte, el parlamentario del PP-A José Enrique Fernández de Moya ha manifestado que la Ley no viene con el consenso necesario, sino que viene desde la "imposición y tremendamente politizada" e incumple "el abc de lo que significa la defensa del olivar". Ha manifestado que se trata de una norma inconcreta y genérica, en la que se deja todo a futuros desarrollos de reglamentos. Bajo ningún concepto, según ha expresado, la ley consolida lo que significa el olivar productivo ni se aborda el problema endémico de los precios.
Fernández de Moya, que ha reclamado a la Junta un plan de promoción institucional del aceite de oliva en una dieta saludable, ha criticado también que la ley no contemple un plan de reconversión del olivar andaluz. Además, ha apuntando que al ser una ley sin dotación presupuestaria, se convierte en un mero "brindis al sol". Ha indicado que la ley tampoco tiene una planificación hidrológica, mientras los agricultores se encuentran "en la ruina". "Ustedes se convierten una vez más en el enemigo público número uno del olivar andaluz", ha dicho a la Junta.
El diputado de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo, que defendió varias enmiendas parciales de su grupo a la ley, ha manifestado que la nueva norma no dar respuesta a los problemas concretos que tiene el sector ni es reivindicativa de las demandas que los olivareros necesitan. Ha indicado que el principal problema que tiene el sector olivarero se llama "política de precios" y ha criticado que la ley no aborde el tema ni el asunto de las mezclas de aceite. "Presentar una ley sin dinero es como anunciar la muerte antes de que la ley nazca", ha sentenciado.
El parlamentario del PSOE-A Felipe Jesús Sicilia, que ha criticado las "falsedades y la demagogia" del PP-A, ha querido dejar claro que esta ley no pretende ser "una varita mágica", sino que tiene como objetivo principal indicar el camino al sector para lograr que éste sea más competitivo y tenga más fuerza para poder posicionarse mejor en los mercados.
Además, ha querido dejar claro, tras las referencias de PP e IU al asunto de los precios, que la Junta no tiene competencias para fijar precios y ha invitado al presidente del PP-A, Javier Arenas, a que cuando vaya a Bruselas plantee al Partido Popular Europeo, mayoritario en las instituciones europeas, que resuelva este asunto. Ha indicado que la Junta reclama que haya mecanismos de control de mercados, aunque a los "neoliberales del PP no les guste". Ha instado al PP-A a que, en lugar de criticar tanto la nueva norma, exponga a los andaluces cuál es su modelo para el olivar y reconozca que pasa por la "reconversión".
La nueva ley plantea un doble enfoque de fomento sectorial y de cohesión territorial mediante la aplicación de fórmulas de colaboración público-privada. Entre otras novedades, establece la figura de los contratos territoriales que los titulares de fincas podrán suscribir con la administración autonómica, a título individual o agrupados por zonas. En estos documentos quedarán definidos tanto los compromisos de los agricultores para mejorar la gestión integral de sus explotaciones en las vertientes productiva, ambiental y social, como las contrapartidas económicas que recibirán por llevarlos a cabo.
Para garantizar la cohesión territorial y el mantenimiento de la renta, igualmente novedoso es el reequilibrio que el proyecto normativo introduce en el sistema de ayudas públicas, mediante un reparto asimétrico de los recursos disponibles orientado a facilitar mayor apoyo a los olivareros que más lo necesitan.
En líneas generales, la ley plantea dos ejes fundamentales de impulso a la competitividad y sostenibilidad del sector. En el primero de ellos se enmarcan la modernización de las explotaciones de olivar tradicional potencialmente productivas, el fomento del uso del riego para aumentar la producción y la renta, el aprovechamiento energético de los residuos agrícolas e industriales, el fortalecimiento de los programas de investigación, innovación y formación de nuevas tecnologías aplicadas al olivar, la concentración de la oferta a través de medidas de apoyo al asociacionismo empresarial y el fomento de la calidad y promoción de las producciones.
En cuanto al eje de sostenibilidad, la nueva norma prevé la ampliación de las políticas que actualmente se desarrollan para mantener la renta de los olivicultores; impulsar la multifuncionalidad y diversificación de explotaciones e industrias; mejorar las condiciones de trabajo, y respaldar el olivar tradicional, el situado en zonas con desventajas naturales, la producción ecológica e integrada y el uso eficiente de los recursos hídricos.
Las medidas de fomento previstas se desarrollarán a través del Plan Director del Olivar, que se aprobará en el plazo máximo de un año tras la entrada en vigor de la ley y determinará la intervención y la colaboración pública-privada en aquellos territorios en los que la producción de la aceituna o de aceite de oliva es fundamental para la economía, el empleo, el mantenimiento de la población en el medio rural y la conservación del patrimonio natural.
El documento de planificación, elaborado por la Consejería de Agricultura y Pesca con la participación de las organizaciones más representativas, delimitará estas zonas del olivar de acuerdo con sus distintas tipologías. Con una vigencia de seis años, el plan incluirá un diagnóstico de la actividad y definirá las diferentes líneas de actuación para reforzar la competitividad de las explotaciones.
Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas y 320.000 explotaciones, concentra la tercera parte del olivar europeo, el 40 por ciento de la producción mundial de aceite de oliva (en torno al millón de toneladas) y el 20 por ciento de la de aceituna de mesa (400.000 toneladas).
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