martes, 6 de septiembre de 2011

El gasto en España de protección por desempleo podría rozar los 30.000 millones al año

MADRID.- El ministro español de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha calculado que el gasto destinado a la protección de los parados, que alcanza los 2.500 millones de euros al mes, ascienda a casi 30.000 millones de euros anuales, esto es, alrededor de dos terceras partes del presupuesto con el que cuenta el departamento que dirige. 

   En la inauguración del curso de verano de la Universidad Autónoma de Madrid 'La reforma laboral, luces y sombras de un debate permanente', el ministro alertó de los "elevados" costes sociales derivados de la inestabilidad del mercado laboral, en el que un 25% de los asalariados dispone de una empleo temporal, la tercera tasa de temporalidad más alta de la UE.
   En este sentido, Gómez concretó que dos de cada diez contratos temporales tiene una duración inferior a una semana, lo que da lugar, subrayó el ministro, a una "permanente" entrada y salida de trabajadores en el mercado de trabajo o a un cambio de diversos puestos de trabajo.
   En un repaso a las reformas impulsadas por el Gobierno en materia laboral, el titular de Trabajo intentó desmontar algunas "afirmaciones controvertidas", tales como la de vincular la evolución del empleo a la legislación laboral. Por ello, advirtió de que los tipos de interés oficiales "tienen más importancia" sobre el paro que las leyes laborales.
   "La evolución del empleo no se mide por la evolución de la legislación laboral, sino por el conjunto de decisiones de la economía y el sistema financiero", explicó, para después esgrimir como ejemplo de la "sobrereacción" de la economía con la destrucción de dos millones de puestos vinculados en la construcción por la crisis, así como lo que calificó de "lógico": la reducción de la temporalidad desde 1990.
   Para combatir la temporalidad, el ministró descartó que existan "soluciones mágicas", como la propuesta de un contrato único, al considerar que éste no ataca las "causas reales" de la temporalidad y tampoco acaba con la segmentación laboral. Además, dijo que de implantarlo, España sería el "único país" en contar con este tipo de contratos.
   Gómez defendió reformas "claves" más allá de la materia laboral para potenciar la competitividad, como en el sistema financiero, y no caer sólo en la moderación salarial. "El mercado laboral puede ayudar, pero tienen que haber más reformas  para ganar competitividad, no sólo en base a la moderación salarial", argumentó.
   En cuanto a los cambios en los convenios, el ministro urgió a los agentes sociales a culminar un acuerdo intercofenderal que recoja la voluntariedad de la mediación y arbitraje en el bloqueo de convenios.

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