LISBOA.- Madeira, el archipiélago paradisíaco de las guías turísticas, se ha convertido en un dolor de cabeza para Portugal, con una deuda no declarada de 1.680 millones de dólares que amenaza la credibilidad de Lisboa frente a los acreedores que le prestaron 78.000 millones de euros.
Dos referentes de la ortodoxia contable revelaron el escándalo. En un comunicado conjunto, el Banco de Portugal y el Instituto Nacional de Estadísticas indicaron que la región autónoma de Madeira, un conjunto de islas en pleno Océano Atlántico, había acumulado, entre 2008 y 2011, una deuda de 1.680 millones de euros y que no la había declarado.
"La región autónoma de Madeira es actualmente una pequeña Grecia que socava los esfuerzos del gobierno por conquistar la confianza de los acreedores internacionales", dijo este sábado en un editorial el Diario de Noticias.
El asunto cae en mal momento para Portugal, donde desde el jueves la troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Unión Europea) que representa a los acreedores del país participa hasta el lunes en la elaboración del presupuesto de 2012.
Una delegación FMI-UE había suspendido una misión técnica en Atenas el 2 de septiembre reprochándole a Grecia sus atrasos en la implementación del plan de ajuste.
"Madeira: la deuda portuguesa sale del armario", titula el diario, mientras que el presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva, llamó a sus conciudadanos a hacer esfuerzos adicionales para evitar que el país sufra la suerte de Grecia.
El primer ministro, Pedro Passos Coelho, denunció una "irregularidad grave e incomprensible", y la situación es preocupante para Portugal, que recibió recientemente el aliento del FMI y sus socios europeos por la implementación de un riguroso plan de austeridad.
A cambio de un préstamo de 78.000 millones en tres años, Portugal, tercer país detrás de Grecia e Irlanda en recibir una ayuda financiera excepcional, se comprometió a reducir su déficit del 9,1% en 2010 al 5,9% del PIB en 2011 y al 3% en 2013.
Pero el problema de la deuda oculta de Madeira corre el riesgo de cambiar la situación general y complicar el logro de metas, despertando además escepticismo entre los acreedores.
"Es una sorpresa que cae en mal momento", declaró Olli Rehn, el comisario europeo para Asuntos Económicos.
El presidente de la región autónoma de Madeira, Alberto Joao Jardim, que dirige el archipiélago desde hace 33 años y espera perpetuar su reinado tras las elecciones regionales del 9 de octubre, es blanco de todas las críticas. "¿Un líder que viola las leyes y miente por omisión no debe acaso someterse a un juicio político?" se interrogó el diario Publico.
Principal formación opositora, el Partido Socialista instó al gobierno a desolidarizarse de Jardim, que pertenece al mismo partido que el presidente y el primer ministro.
Pero Jardim, muy celoso de la autonomía de sus islas y cuyas tendencias populistas provocan a menudo controversias, no se deja impresionar fácilmente. "No hay ninguna deuda oculta", dijo, antes de explicar que había sido necesario renegociar algunas inversiones y que por esa razón se habían inscrito con atraso en las cuentas de la Nación.
Jardim defendió que la aparición de deudas millonarias en las finanzas públicas del archipiélago se debe a una cuestión de contabilidad y negó que su Gobierno oculte datos.
En declaraciones divulgadas por los medios lusos, Jardim defendió la actuación del Ejecutivo madeirense apenas unas horas después de que las autoridades portuguesas informaran de que las deudas contraídas por la región desde 2004 -estimadas en más de 1.000 millones de euros- obligarán a la revisión del déficit luso desde 2008.
Según el presidente de Madeira, su Gobierno no incluyó en las cuentas las inversiones realizadas en diferentes obras públicas hasta después de haber renegociado "con los bancos y proveedores", ya que se alteró su coste definitivo.
Agregó que esta renegociación se produjo por "la interrupción en la financiación de las inversiones que estaban en curso y que ya habían sido adjudicadas", en cumplimiento de la Ley de Finanzas Regionales.
Esta norma, aprobada en febrero del pasado año, limitaba el endeudamiento de las regiones autónomas lusas -Madeira y las islas Azores- a 50 millones de euros.
"La ley que apareció entonces iba a dejar todo parado, por lo que el Gobierno prosiguió con esas inversiones", reveló Jardim, quien insistió en que esos gastos no fueron contabilizados "hasta ahora", cuando ello "fue comunicado a las entidades competentes".
"Eso prueba que nadie estaba escondiendo nada", defendió el presidente madeirense.
Jardim -de 68 años, defensor a ultranza de una mayor autonomía para Madeira y que representa en el archipiélago al partido que actualmente gobierna Portugal, el Social Demócrata (centroderecha)- es también conocido por su carácter díscolo y polémico.
Las autoridades lusas, incluido su primer ministro, Pedro Passos Coelho, han efectuado duras críticas al Gobierno madeirense, al que acusan de "irregularidades graves".
"No comunicó (...) ni el déficit excesivo ni los acuerdos de renegociación de deuda ocurridos desde 2004", lamentó Passos Coelho en declaraciones divulgadas por los medios portugueses.
Sin embargo, en opinión de Jardim, la polémica generada en torno a las finanzas madeirenses "interesa a mucha gente en Lisboa" para que se deje de hablar de los fuertes ajustes y reformas aplicados durante los últimos meses en Portugal.
Resaltó que "así nadie habla de las medidas que están siendo tomadas y se olvida a los responsables de la situación a la que se llegó".
"Quiero ver cuando se acabe el asunto de la deuda en Madeira y se realicen las elecciones cómo se entretiene a la opinión pública del país", insistió.
El Instituto Nacional de Estadística luso y el Banco de Portugal estimaron que el impacto de la deuda de Madeira en el déficit de 2008 fue de 140 millones de euros (equivalente al 0,08 por ciento del PIB), de 58 millones en 2009 (0,03 % del PIB) y de 915,3 millones en 2010 (0,53 % del PIB).
Estos nuevos datos complican el cumplimiento de los objetivos a los que se comprometió Portugal con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de su ayuda financiera, solicitada en abril.
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