MADRID.- España permite la pesca ilegal y subvenciona empresas acusadas y sancionadas por malas prácticas, según denuncia hoy en su informe "Investigación en el Océano" la organización ecologista internacional Greenpeace.
El documento, de 20 páginas, publicado en Internet (www.greenpeace.es), utiliza como ejemplo "para desenmascarar los crímenes que se cometen en la mar", las empresas de la familia Vidal, con sede en Santa Eugenia de Ribeira, en Galicia, pero con intereses en Latinoamérica y África, dicen.
La organización describe las prácticas con las que estos armadores "burlan la legislación vigente" para pescar en caladeros acotados, especies protegidas con cuotas, y con métodos no aprobados por la Unión Europea.
Destaca, además, "sus exitosos intentos para evitar la justicia, así como el continuo fracaso del Gobierno para hacer frente a un problema que se ha denunciado en numerosas ocasiones".
Entre otra irregularidades, Greenpeace apunta que Vidal Armadores ha recibido cerca de 16 millones de euros en subvenciones, la partida más reciente en 2010, 6,5 millones de la Xunta de Galicia para abrir una fábrica de aceite de pescado Omega 3, cuya producción también cuestionan.
Greenpeace demanda "una completa investigación" de la Unión Europea a las subvenciones concedidas al sector pesquero español, para que los subsidios se otorguen sólo "a aquellas prácticas pesqueras legales, transparentes y sostenibles, en consonancia con los objetivos de la Política Pesquera Común".
"A pesar de la presión continua de la Comisión Europea, los estados miembros de la CCRVMA (Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos) y las ONG, entre ellas Greenpeace, España ha sido incapaz de exigir cuentas a la familia Vidal", sostiene el escrito.
El grupo ecologista pide una "auditoría completa" a todos los subsidios concedidos a la industria pesquera española entre 2000 y 2006, una investigación del Tribunal de Cuentas Europeo y que, mientras dure el proceso, España no realice pagos ni conceda subsidios a la familia Vidal ni a ninguna de sus empresas.
Celia Ojeda, de la Campaña de Océanos de Greenpeace, declaró que, en plena negociación de la Política Pesquera Común (PPC), que entrará en vigor a finales de 2012 y tendrá vigencia durante los próximos diez años, es necesario identificar las "malas prácticas" que se "enquistan" en España.
"El ejemplo de los Vidal, dijo, no es aislado, pero sí un patrón que se permite por falta de rigor en la supervisión de la información sobre las pesqueras, comprobación de datos y dejación de responsabilidades".
"Si desde Greenpeace lo sabemos (las prácticas ilegales), el Gobierno lo debe saber también", añadió, tras apuntar que hay muchos armadores denunciados que están en las "listas negras" y siguen trabajando impunes.
El secretario general de la Confederación Española de Pesca, Javier Garat, lamentó, que "unos pocos" armadores, como Vidal, "manchen el nombre de España" y se ponga en duda el trabajo serio de "un sector saneado y de muy larga tradición y penetración industrial" como el pesquero.
Esta, dijo, es una "campaña internacional de las ONG que intentan influir en la PPC para que desaparezcan los subsidios" que representan una sobrepesca y que España recibe en función de la renta per cápita del país como el primer productor industrial en productos de pesca de la UE.
"El hecho de que un armador, o quince, haga las cosas mal, no debe poner en duda a todo el sector. Para los armadores que comenten irregularidades están las infracciones y CEpesca es el principal interesado en que así funcionen las cosas", aseguró.
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