MADRID.- La Audiencia Nacional española ha solicitado a Standard & Poor's y Fitch que se pronuncien sobre la querella presentada contra ellas y Moody's por presuntos delitos de uso de información privilegiada y alteración de precios en sus 'ratings', antes de decidir si ordena la apertura de diligencias de investigación contra ellas.
Según la providencia, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pide a estas dos agencias que defiendan su actuación antes de archivar la querella de forma definitiva o abrir una investigación.
En la misma providencia, dictada el pasado 26 de octubre, la Audiencia Nacional suspendió la deliberación y fallo, fijados para ese día, en los que se iba a decidir sobre los recursos de apelación presentados contra la desestimación de la querella, dictada el pasado 30 de agosto por el juez Ismael Moreno.
Esta decisión se produjo después de que Moody's presentara su escrito de oposición a la apertura de la causa, por lo que la Sala remite de nuevo las actuaciones al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para que pida la opinión de Standard & Poor's y Fitch antes volver a estudiar los recursos.
Según fuentes jurídicas cercanas al caso, al personarse como parte en un proceso que no ha sido abierto, Moody's ha provocado que la Audiencia Nacional obligue a las otras dos agencias de calificación a pronunciarse sobre las acusaciones vertidas contra ellas. La Fiscalía Anticorrupción se pronunció en contra de abrir una investigación.
La querella la presentó el 'Observatori per al compliment de la Declaració Universal dels Drets Humans' (DUDH), que reúne a un grupo de abogados, y a ella se adhirieron la asociación Attac Madrid e Izquierda Unida.
El pasado 30 de agosto, el juez desestimó la querella al considerar que los hechos denunciados no eran constitutivos delito, tras recibir un informe en contra por parte de Anticorrupción. Los querellantes recurrieron esta decisión y será ahora el tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo el que decidida sobre la pasible apertura de una investigación.
Por su parte, Moody's se acogió en su defensa a los argumentos esgrimidos por el Ministerio Fiscal y el juez para concluir que "no existe ningún indicio de que las calificaciones se basaran en datos falsos ni en absoluto son absurdas ni infundadas, ni tampoco contradicen la opinión generalizada de las más reputadas organizaciones económicas".
Los querellantes acusan a Moody's, Fitch y Standard & Poor's de actuar como un "oligopolio" -cuentan con un 90% del mercado-, lo que les permite regular y controlar los mercados financieros con sus informes de calificación, manejando "arbitrariamente" los precios.
Además, estiman que las agencias han obtenido por estas prácticas unos beneficios anuales de 3.000 millones de euros, con márgenes de hasta un 50%. El 75% de sus ingresos provienen de las comisiones que cobran a los emisores por calificar sus títulos.
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