MADRID.- La Audiencia Nacional ha desestimado de forma definitiva la querella presentada contra las tres principales agencias de calificación -Moody's, Fitch y Standard and Poor's-, al concluir que no existen indicios de alteración de precios en el mercado bursátil ni utilización de información privilegiada, según el auto dictado el pasado 16 de diciembre.
El auto considera que los querellantes solo han aportado "sospechas" y no "indicios de criminalidad", por lo que "la querella está llamada, irremediablemente, a su inadmisión porque es a los querellantes a los que compete la aportación de indicios de signo incriminatorio. Cuestión que "no compete" al Ministerio fiscal ni al juez instructor.
Los querellantes, que actuaban como acusación popular, eran seis organizaciones: Unión por las Libertades Civiles, Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales, Attac, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, IU e ICV. La querella se presentó el pasado mes de marzo y acusaba a las tres agencias de hacer calificaciones "infundadas" y basadas en "datos falsos".
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestima así el recurso presentado por los querellantes contra la no admisión a trámite de la querella, dictada por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional el pasado 30 de agosto, que no consideró pertinente la apertura de diligencias de investigación.
De esta forma, la Audiencia Nacional acoge los argumentos expuestos por la Fiscalía Anticorrupción por los que rechazaba la apertura de una causa penal contra Moody's, Fitch y Standard and Poor's por su actuación en la actual crisis económica. Contra el auto no cabe recurso alguno.
La Sala considera que los querellantes "incurren en un palmario error al estimar que, al no existir datos objetivos que acrediten la imposibilidad o la inverosimilitud de los hechos descritos, procede, sin más, continuar la instrucción", lo que supondría la apertura de "una causa general" contra estas empresas, algo "legalmente prohibido".
La Audiencia Nacional confirma así la decisión del juez Ismael Moreno que consideró que los hechos denunciados no son constitutivos de presuntos delitos de alteración artificial de los precios y uso de información privilegiada, tipificados en los artículos 284 y 285 del Código Penal.
El auto recuerda que las calificaciones crediticias de estas tres agencias "sirven a los inversores, a los prestatarios, a los emisores y a los administradores públicos" para adoptar sus decisiones de inversión y que están "reconocidas por el Fondo Monetario Internacional como las tres entidades de este tipo con más influencia, a nivel global".
En este sentido, la Audiencia Nacional recuerda que dicho organismo aconseja que sean las autoridades de los distintos países las que deberían continuar con sus esfuerzos para reducir su dependencia respeto a las grandes agencias de calificación.
Los querellantes acusaban a Moody's, Fitch y Standard and Poor's de actuar como un 'oligopolio' -cuentan con un 90% del mercado-, lo que les permite regular y controlar los mercados financieros con sus informes de calificación, manejando "arbitrariamente" los precios.
Además, las acusaciones consideraban que las agencias han obtenido por estas prácticas unos beneficios anuales de 3.000 millones de euros, con márgenes de hasta un 50%. El 75% de sus ingresos provienen de las comisiones que cobran a los emisores por calificar sus títulos.
Por el momento, Estados Unidos e Italia son los dos únicos países que mantienen abiertas investigaciones contra las agencias de 'rating' por su actuación en la crisis económica.
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