MADRID.- Las entidades españolas incrementarán sus aportaciones al nuevo Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que tiene como objetivo asumir las eventuales pérdidas que se produzcan en el sector financiero y minimizar el coste público, en un momento en el que es evidente que el proceso de saneamiento está lejos de haber finalizado.
"Este decreto ley que hoy aprobamos tiene por objeto reforzar ese FGD mediante un incremento del límite legal de las cuotas que deben de pagar las entidades que incrementamos hasta al tres por mil desde el dos por mil (de los depósitos)", dijo la ministra de Economía española, Elena Salgado.
Una fuente del sector explicó que la elevación de las aportaciones hasta un tope máximo del 3 por mil pretendía reforzar el colchón disponible para un eventual deterioro de las condiciones.
La dotación del nuevo fondo, según datos de octubre, alcanza casi los 6.600 millones, sumando los fondos de garantía de depósitos en establecimientos bancarios (FGDEB), cajas de ahorro (FGDCA) y en cooperativas de crédito (FGDCC).
Según las referencias incluidas en el Consejo de Ministros, la contribución real que todas las entidades deben aportar anualmente se fija a partir de este momento en el 2 por 1000 de todos los depósitos. Hasta, ahora ese límite se situaba entre el 0,6 por 1000 y el 1 por 1000, en función de las entidades.
La titular de Economía explicó en la situación actual una cuota del dos por mil supone una aportación conjunta anual del entorno de los 1.600 millones de euros.
La ministra también recordó que el nuevo fondo tiene la doble función de garantizar los depósitos de hasta 100.000 euros por cuenta y cliente a cada ahorrador.
El anuncio de Salgado para obligar a las entidades a incrementar las aportaciones se produce apenas dos meses después de asegurar que no preveía que fuera necesario elevar las aportaciones al FGD.
El proceso de reestructuración no se puede dar por acabado como recordó el jueves el propio gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que dejó abierta la puerta a la creación de una especie de banco malo para completar el saneamiento del sector.
En este sentido, la Asociación Española de Banca (AEB) reclamó el viernes a las autoridades que establezcan una hoja de ruta "clara" y "transparente" para hacer frente definitivamente a la "inacabada" reestructuración del sistema financiero.
La patronal de cajas, CECA, también se mostró contrariada por la decisión del Gobierno, que calificó de "precipitada", e incidió asimismo en la necesidad de "un entorno regulatorio estable".
Cuando el Gobierno español anunció la fusión de los tres fondos de garantía de depósitos de bancos, cajas y cooperativas en un sólo organismo manifestó que el objetivo era precisamente asumir los eventuales nuevos costes en que pudiera incurrir el estatal el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en un momento en el que los Estados se encuentran precisamente en un proceso de reducción de déficit.
Analistas recordaron además que el nuevo fondo de garantías de depósitos también contaba con capacidad de endeudamiento para afrontar un mayor deterioro.
Hasta el momento, el Estado ha comprometido entre préstamos y capital unos 18.600 millones de euros en la reestructuración del sistema financiero español, especialmente entre las cajas de ahorros, cuyo número se ha reducido a 15 desde las 45 entidades que había antes de la crisis mediante fusiones concebidas como forma de reforzar a las entidades pequeñas.
Además, del colchón del FGD, el FROB dispone de unos 3.300 millones para reforzar el sector financiero, aunque algunos casas de análisis como Merrill Lynch consideran que el sector financiero español podría necesitar entre 30.000 y 40.000 millones de euros adicionales para afrontar el deterior de los activos inmobiliarios.
"La parte de reestructuración, la parte que puede resultar de una inyección de capital que después hay que vender o de una intervención de una entidad y por tanto su enajenación posterior, en el hecho de que alguno de estos procesos se produjeran pérdidas también esas pérdidas, van a ser financiadas por el Fondo de Garantía de Depósitos, es decir por las propias entidades", dijo Salgado.
Precisamente la Caja de Ahorros del Mediterráneo se encuentra en un proceso de subasta, cuya adjudicación a una entidad privada podría suponer la recompra al FROB de su capital con unas importantes minusvalías y podría comprometer el objetivo de déficit público del Estado.
Una fuente con conocimiento del proceso de la subasta manifestó el viernes que el intento de minimizar el coste del Estado en la recompra de la participación del FROB estaba obligando a apurar al máximo el plazo para resolver la subasta, que podría cerrarse en la primera mitad de diciembre.
En un principio, la única entidad que habría presentado una oferta vinculante por CAM es Banco Sabadell, aunque una fuente del sector señaló que Ibercaja y JC Flowers habrían puesto en la mesa propuestas "que no se ajustaban al cuaderno de venta". Portavoces de estas dos últimas entidades no quisieron comentar esta información.
El 22 de julio el Banco de España intervino la CAM, con activos de más de 70.000 millones de euros, y acordó la inyección de 2.800 millones de capital y una línea de crédito de 3.000 millones.
"Una cosa es que el potente esquema de protección de activos (EPA) difiera las potenciales pérdidas a asumir en la cartera y otra cosa es que el Estado venda la participación con pérdidas, lo cual abriría la puerta a un incremento del déficit", explicó esta fuente.
En este escenario, el incremento de las dotaciones del nuevo fondo de garantías también podría desempeñar un papel importante para minimizar el coste público del Estado.
Una fuente del Banco de España dijo en todo caso que dependiendo de cómo se hiciera la venta de participación de la CAM y si el Estado recuperaba una parte de las pérdidas podía o no computarse como déficit.
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