ROMA.- El primer ministro, Mario Monti, afrontó este lunes su primera huelga general de tres horas convocada por los sindicatos contra las reformas de austeridad aprobadas por el Ejecutivo.
A pesar de que Monti se reunió este domingo durante dos horas con las fuerzas sociales en un intento de desconvocar la huelga, la Confederación General de Trabajadores (CIGL), la Confederación de Sindicatos de Trabajadores (CISL) y la Unión de Trabajadores confirmaron este domingo que se mantenía la huelga en toda Italia, ya que Monti se negó a modificar la reforma de las pensiones, que los sindicatos calificaron de "poco equitativa".
Así, la líder de la CIGL, Susanna Camusso, ha destacado que el encuentro con Monti "se ha concluido con un compromiso un poco genérico" sobre las peticiones del Parlamento y de los sindicatos, pero ha añadido que el Ejecutivo "no ha dado ninguna respuesta".
La huelga general se celebró en toda Italia esta tarde, casi al finalizar el turno de trabajo, para permitir a la gente "salir a la calle" para protestar contra la reforma del mercado de trabajo y principalmente de las pensiones.
No obstante, Monti ha precisado en un comunicado que durante el encuentro el Ejecutivo ha dado "explicaciones y aclaraciones" a los sindicatos de la reforma para mostrar "los elementos de equidad que existen en el decreto" y ha subrayado que el Gobierno ha insistido a los sindicatos que Italia se encuentra "en una situación económica y financiera de extrema emergencia".
Italia afronta una semana de huelgas después de que los tres principales sindicatos del país se unieran para protestar contra el plan de austeridad de 33.000 millones de euros del primer ministro Mario Monti, que el Gobierno podría suavizar apenas levemente para atender algunas de sus demandas.
El personal de puertos, autopistas y transporte en carretera paró el lunes durante tres horas y los trabajadores metalúrgicos -incluyendo los de la automotriz Fiat- hicieron una huelga de ocho horas. Los operadores de imprentas cesaron sus actividades durante un turno completo y la mayoría de los diarios no se publicarán el martes.
El 15 y 16 de diciembre habrá huelgas del transporte público. Los empleados bancarios no trabajarán durante la tarde del 16 y la administración pública cerrará un día entero el lunes 19.
Por primera vez tras seis años de divisiones, los tres dirigentes sindicales compartieron escenario el lunes para hablar a los trabajadores en huelga frente al Parlamento.
"No abandonamos la idea de que el plan de austeridad deba cambiarse", dijo Susanna Camusso, jefa de la Cgil, el mayor sindicato del país. "Perjudica a los trabajadores, a los pensionistas y a todo el país".
Monti no consiguió evitar las huelgas en su reunión de última hora el domingo con los dirigentes sindicales.
La oposición de los sindicatos no afectará el apoyo parlamentario al paquete, señaló el lunes Pier Luigi Bersani, secretario del Partido Democrático (PD) de centroizquierda. El PD tiene a muchos sindicalista entre sus seguidores.
Bersani dijo al diario Corriere della Sera que compartía las preocupaciones de los sindicatos sobre los efectos de los aumentos de impuestos y los recortes de jubilaciones a los italianos de bajos ingresos, pero que el apoyo de su partido sigue estando garantizado.
"Seremos responsables. Nuestro respaldo no está en duda", aseguró. "Esta corrección presupuestaria es un mensaje para Europa".
Los sindicatos aceptan la necesidad de más austeridad, pero dicen que el plan de Monti es injusto. Creen que en vez de recaudar más dinero gravando a los pensionistas y a las personas de menores ingresos, el Gobierno debería aumentar los impuestos a los ricos.
"Estamos aquí para mostrar nuestra oposición hacia las nuevas medidas económicas que quiere aprobar el Gobierno", dijo en la capital Sergio Bussone, uno de los sindicalistas.
"Estas medidas castigan a los funcionarios y serán dañinas y negativas para todos los pensionistas".
El 4 de diciembre, con los rendimientos de los bonos italianos a 10 años tocando el nivel crítico del 7 por ciento, Monti introdujo una serie de medidas de austeridad, como una reforma de las pensiones y una subida en los impuestos a la propiedad, las ventas y la gasolina.
Los costes de financiación cayeron drásticamente por el optimismo generado antes de una cumbre de la Unión Europea la semana pasada, pero desde entonces volvieron a subir y llegaron a más del 6,8 por ciento el lunes, después de que la reunión no suministrara una solución inmediata a la crisis de deuda. La intervención del Banco Central Europeo ayudó a reducirlos levemente al 6 por ciento.
Para cumplir las demandas tanto de los sindicatos como de los partidos, el Gobierno está buscando otras fuentes de ingresos o recortes de gastos para aliviar los recortes a las pensiones y dar exenciones del pago del impuesto de la propiedad a las rentas bajas. El coste total de ambas decisiones sería de 5.000 millones de euros, según fuentes parlamentarias. La fecha límite para enmendar el plan es el martes por la noche.
Italia afronta una semana de huelgas después de que los tres principales sindicatos del país se unieran para protestar contra el plan de austeridad de 33.000 millones de euros del primer ministro Mario Monti, que el Gobierno podría suavizar apenas levemente para atender algunas de sus demandas.
El personal de puertos, autopistas y transporte en carretera paró el lunes durante tres horas y los trabajadores metalúrgicos -incluyendo los de la automotriz Fiat- hicieron una huelga de ocho horas. Los operadores de imprentas cesaron sus actividades durante un turno completo y la mayoría de los diarios no se publicarán el martes.
El 15 y 16 de diciembre habrá huelgas del transporte público. Los empleados bancarios no trabajarán durante la tarde del 16 y la administración pública cerrará un día entero el lunes 19.
Por primera vez tras seis años de divisiones, los tres dirigentes sindicales compartieron escenario el lunes para hablar a los trabajadores en huelga frente al Parlamento.
"No abandonamos la idea de que el plan de austeridad deba cambiarse", dijo Susanna Camusso, jefa de la Cgil, el mayor sindicato del país. "Perjudica a los trabajadores, a los pensionistas y a todo el país".
Monti no consiguió evitar las huelgas en su reunión de última hora el domingo con los dirigentes sindicales.
La oposición de los sindicatos no afectará el apoyo parlamentario al paquete, señaló el lunes Pier Luigi Bersani, secretario del Partido Democrático (PD) de centroizquierda. El PD tiene a muchos sindicalista entre sus seguidores.
Bersani dijo al diario Corriere della Sera que compartía las preocupaciones de los sindicatos sobre los efectos de los aumentos de impuestos y los recortes de jubilaciones a los italianos de bajos ingresos, pero que el apoyo de su partido sigue estando garantizado.
"Seremos responsables. Nuestro respaldo no está en duda", aseguró. "Esta corrección presupuestaria es un mensaje para Europa".
Los sindicatos aceptan la necesidad de más austeridad, pero dicen que el plan de Monti es injusto. Creen que en vez de recaudar más dinero gravando a los pensionistas y a las personas de menores ingresos, el Gobierno debería aumentar los impuestos a los ricos.
"Estamos aquí para mostrar nuestra oposición hacia las nuevas medidas económicas que quiere aprobar el Gobierno", dijo en la capital Sergio Bussone, uno de los sindicalistas.
"Estas medidas castigan a los funcionarios y serán dañinas y negativas para todos los pensionistas".
El 4 de diciembre, con los rendimientos de los bonos italianos a 10 años tocando el nivel crítico del 7 por ciento, Monti introdujo una serie de medidas de austeridad, como una reforma de las pensiones y una subida en los impuestos a la propiedad, las ventas y la gasolina.
Los costes de financiación cayeron drásticamente por el optimismo generado antes de una cumbre de la Unión Europea la semana pasada, pero desde entonces volvieron a subir y llegaron a más del 6,8 por ciento el lunes, después de que la reunión no suministrara una solución inmediata a la crisis de deuda. La intervención del Banco Central Europeo ayudó a reducirlos levemente al 6 por ciento.
Para cumplir las demandas tanto de los sindicatos como de los partidos, el Gobierno está buscando otras fuentes de ingresos o recortes de gastos para aliviar los recortes a las pensiones y dar exenciones del pago del impuesto de la propiedad a las rentas bajas. El coste total de ambas decisiones sería de 5.000 millones de euros, según fuentes parlamentarias. La fecha límite para enmendar el plan es el martes por la noche.
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