JERUSALÉN.- El Pleno de la Knesset, el Parlamento israelí, ha aprobado este lunes una ley que endurece las medidas contra las personas que entren ilegalmente en Israel --incluidos los solicitantes de asilo--, la mayoría de las cuales proceden de Eritrea y Sudán.
En virtud de las enmiendas introducidas en la ley de 1954, que han sido respaldadas por 37 diputados y rechadas por ocho, los inmigrantes en situación irregular pueden permanecer detenidos hasta tres años, cuando antes eran 60 días. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, y los parlamentarios del opositor Kadima han votado a favor, según el diario 'Yedioth Ahronoth'.
La ley, que en un principio se redactó para tratar a supuestos terroristas, se aplicará también a los solicitantes de asilo. Además, establece que cualquier persona que ayude a un inmigrante clandestino en Israel puede ser condenada a un máximo de quince años de cárcel.
El Comité de Asuntos Exteriores de la Knesset presentó una reserva al proyecto de ley y pidió la inclusión de una cláusula adicional que diga que la ley solo se pueda aplicar a los israelíes que ayuden a inmigrantes que hayan cometido algún delito penal. El ministro de Justicia solicitó que esa reserva fuese retirada, pero luego el Gobierno cambió de opinión y fue aprobada.
La nueva ley ha sido muy criticada por los asesores legales del Comité de Asuntos Exteriores, muchos de los cuales han advertido de que es inconstitucional. El asesor Eyal Yinon ha afirmado que "la posibilidad de mantener a los inmigrantes ilegales bajo custodia durante un periodo de tres años sin que sean juzgados es extremadamente irregular".
Yinon ha indicado que durante las negociaciones que mantuvo con representantes del Gobierno se decidió que las autoridades responsables del control de las fronteras puedan poner en libertad a inmigrantes indocumentados en casos excepcionales después de tres años, aunque ha añadido que, a su juicio, la cláusula no es satisfactoria porque eso debería ser la norma, no la excepción.
Durante el debate parlamentario, el presidente de la Knesset, Reuven Rivlin, ha dicho a Netanyahu que la aprobación de la ley tendrá consecuencias importantes y será muy criticada a nivel internacional. "Acabaréis en Ginebra" (donde está la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU), "no podemos aprobar cualquier cosa porque tendremos que enfrentarnos al mundo", ha declarado.
El diputado Amnon Cohen, del partido judío Shas, ha señalado que con esta nueva ley se pretende "hacer frente a una situación" en la que, "para muchos", la entrada ilegal de inmigrantes por el sur de Israel, por la frontera con Egipto, se ha convertido en una plaga".
Durante los últimos dos años, ha llegado a Israel una cifra récord de inmigrantes, la mayoría de Sudán y Eritrea. Según los datos del Gobierno, el pasado noviembre se registraron más de 2.000 llegadas, y se espera que la cifra de diciembre se acerque a las 3.000.
En noviembre había más de 51.000 inmigrantes indocumentados en el país --frente a los 33.000 de 2010--, aunque esa cifra no incluye a los 14.000 trabajadores extranjeros que no tienen permisos validos.
Las organizaciones de ayuda humanitaria creen que este aumento de las llegadas se debe a la situación de inestabilidad que se produjo en Libia durante la revuelta y la guerra civil del año pasado, lo que impidió a los inmigrantes usar este país como ruta para llegar a Europa, y a la revolución de Egipto, que pudo provocar un aumento en el numero de refugiados que se dirigían a este país para intentar entrar luego en Israel.
Yael Marom, coordinador de la organización israelí ASSAF, ha calificado de "inmoral" la aprobación de la ley y ha añadido que además "no ofrece ninguna solución al problema de los solicitantes de asilo en Israel".
Para Moshe Negbi, un comentarista de la Radio de Israel experto en temas legales, la nueva ley es "una gran mancha en la democracia" del país. Además, ha recordado que Israel se creó después del Holocausto, durante el cual los nazis mataron a seis millones de judíos y muchos otros tuvieron que huir como refugiados, y por eso debería tratar mejor a los refugiados.
Zvi Hauser, secretario de gabinete, ha respondido que el flujo de inmigrantes está ejerciendo una gran presión sobre los israelíes y sobre los servicios sociales, cuya infraestructura "corría el riesgo de colapsarse" si no se tomaban medidas.
El mes pasado, el Gobierno aprobó destinar 130,6 millones de euros para la construcción de un centro de detención para inmigrantes ilegales y otras medidas para contener la inmigración irregular. También se está construyendo una valla en la frontera con Egipto para evitar que entren inmigrantes clandestinos y milicianos islamistas.
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