Bruselas reclama a España ocho millones de euros por ayudas agrícolas irregulares

BRUSELAS.- La Comisión Europea reclama a las autoridades españoles que devuelvan algo más de 8 millones de euros procedentes de las arcas comunitarias y que fueron asignados a ayudas agrícolas, porque considera que hubo irregularidades en el reparto y control del uso de estos fondos. En total, Bruselas reclama a los Estados miembros 115,2 millones de euros por no respetar las normas europeas que regulan el gasto agrícola.

   Los gobiernos europeos implicados en estas irregularidades han devuelto ya parte de los fondos reclamados por el Ejecutivo comunitario, por lo que la "incidencia" real en sus presupuestos ahora será menor, de unos 54,3 millones.

   En el caso de España, las autoridades han entregado a las arcas comunitarias la mayor parte del monto que pide de vuelta Bruselas y queda por devolver 1,5 millones de euros, han informado fuentes comunitarias.

   Junto a España, otros 19 Estados miembros deberán devolver parte de las ayudas recibidas a través de la Política Agraria Común (PAC), una corrección que aplica Bruselas por irregularidades en distintas áreas, entre ellas las ayudas por superficie, los apoyos al aceite de oliva y primas a la ganadería. También ha habido irregularidades en el desarrollo rural y con el retraso de los pagos.

   Los problemas detectados en el caso español tienen que ver, principalmente, con retrasos en el pago de las ayudas y otras correcciones para el sector hortofrutícola y por errores en el cálculo y asignación de fondos entre 2007 y 2010.

   Los otros Estados miembros afectados son Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Italia, Chipre, Lituania, Hungría, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido.

   Entre las sumas más elevadas que reclama Bruselas hay casi 30 millones de euros a Reino Unido por deficiencias en el sistema de sanciones y por la aplicación inadecuada de los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales por lo que se refiere a la condicionalidad.

   También se piden 27,3 millones a Italia por retrasos en los pagos a los agricultores y otros 21,5 millones de euros por deficiencias en los controles de las almazaras y de la compatibilidad de los rendimientos de aceite de oliva.