LISBOA.- La decisión del Gobierno portugués de suspender las jubilaciones anticipadas hasta 2014 generó hoy un alud de críticas, principalmente entre los partidos de izquierda y los sindicatos, que acusaron al Ejecutivo de engañar a los ciudadanos.
El Gobierno luso, de signo conservador desde junio del año pasado, justificó la adopción de esta medida por "la evolución" prevista de estas jubilaciones anticipadas, que en su opinión "empeora la sostenibilidad de la Seguridad Social y, por ello, tiene que ser controlada".
Según sus datos, las peticiones para acogerse a este tipo de jubilación se incrementaron "significativamente" en los últimos años, pasando de 14.843 a 26.630 entre 2009 y 2011.
Las proyecciones del Ejecutivo estimaban que este número seguiría creciendo en 2012 y 2013, hasta las 37.900 y las 45.900 peticiones, respectivamente.
La medida entró en vigor hoy -pese a ser festivo en todo el país-, un día después de ser publicada en el "Diario de la República", y sólo recoge como excepción a los desempleados involuntarios de larga duración, es decir, en el paro desde hace más de cinco años.
Medios lusos anticiparon hoy que tampoco afectará a la mayoría de funcionarios, ya que sólo no podrán acogerse a la jubilación anticipada aquellos cuya vinculación con el Estado comenzara a partir de 2005, año en el que los trabajadores se integraron en el régimen general de la Seguridad Social.
En Portugal se estima que cerca de 700.000 personas trabajan para el Estado luso de los 5,5 millones de ciudadanos que conforman su población activa.
La oposición política y los sindicatos mostraron su frontal rechazo a esta suspensión, que se alargará hasta 2014, año en el que termina la ayuda internacional.
La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional aceptaron prestar a Portugal 78.000 millones de euros durante el período 2011-2014 debido a la llamada crisis de la deuda soberana, a cambio de un severo programa de ajustes y reformas encaminado a controlar el déficit público.
Las principales críticas se han dirigido al "secretismo" con el que fue adoptada la medida, que fue aprobada en Consejo de Ministros la semana pasada pero no fue anunciada entonces por el Gobierno luso y sólo salió a la luz ayer, una vez ya promulgada por el presidente de la República.
Desde el Partido Socialista, Pedro Marques, ex secretario de Estado de Seguridad Social, calificó en declaraciones recogidas por los medios portugueses de "inaceptable", "incomprensible", "perjudicial" y "precipitada" la decisión.
Marques recordó que las jubilaciones de quienes llegan a los 65 años trabajando son también mayores a las de los que prefieren retirarse anticipadamente, por lo que el gasto será mayor en un futuro.
Desde el Partido Comunista luso defendieron que la medida no resuelve el problema de cómo garantizar las pensiones y crea, por contra, un agravio comparativo para los empleados con más años trabajados.
En esta misma línea, el marxista Bloque de Izquierda consideró la suspensión "un violento atropello" a los derechos laborales y a la democracia.
El secretario general del sindicato UGT, Joao Proenca, criticó a los conservadores portugueses por haber impuesto la medida sin consensuarla con los agentes sociales e incluso abrió el debate sobre su posible "ilegalidad".
La sostenibilidad de las cuentas públicas lusas se ha visto amenazada por el continuo envejecimiento de su población, lo que incrementa el número de jubilados mientras se reduce el de los ciudadanos en edad de trabajar y, por tanto, de aportar a la Seguridad Social para garantizar las pensiones.
De hecho, el 20 por ciento de los 10,5 millones de habitantes de Portugal tienen más de 65 años, según las estadísticas oficiales.
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