miércoles, 11 de abril de 2012

HRW advierte de lagunas en el proyecto de ley contra el abuso de trabajadores inmigrantes en Arabia Saudí

WASHINGTON.- Human Rights Watch ha considerado como un paso positivo para los trabajadores inmigrantes la propuesta del Ministerio del Trabajo de Arabia Saudí de abolir el sistema de empleo basado en el "patrocinio", el cual puede derivar en violaciones de los Derechos Humanos. Sin embargo, también ha advertido de que hace falta modificar la Ley de Residencia a fin de eliminar totalmente el riesgo de abusos, con la supresión del consentimiento del patrocinador para que el trabajador cambie de empleo o salga del país.

   "El sistema de patrocinio actual hace que sea fácil para los empleadores intimidar, engañar y abusar de los trabajadores extranjeros", ha dicho Christoph Wilcke, investigador para Oriente Próximo de Human Rights Watch. "Reducir el inmenso control que los empleadores tienen sobre los trabajadores inmigrantes sería un paso positivo hacia la lucha contra la explotación", ha alertado en un comunicado de prensa.
   HRW afirma que ha documentado decenas de casos en los que el sistema de patrocinio somete a los trabajadores inmigrantes, en particular a los que se dedican a labores domésticas, a condiciones abusivas o les impide regresar a sus países de origen. 
"Muchos de los trabajadores dijeron que sus empleadores les retienen sus salarios, les hacen trabajar horas excesivas, les niegan la comida, los encierran en sus lugares de trabajo, confiscan sus pasaportes y, en algunos casos, los golpean, violan o maltratan psicológicamente", señala el comunicado.
   Los permisos de residencia de los trabajadores migrantes están vinculados a sus empleadores, quienes se consideran sus patrocinadores, de conformidad con la Ley de Residencia de Arabia Saudí de 1952 y sus posteriores modificaciones. El consentimiento del empleador es necesario si un trabajador extranjero quiere cambiar de empleo o salir del país.
   El borrador de la nueva ley retira a los empleadores este poder y se lo concede a una docena de nuevas empresas privadas encargadas de la prestación de servicios de contratación y empleo de los trabajadores inmigrantes. Sin embargo, HRW ha advertido que también ha documentado casos en los que las agencias de contratación existentes han abusado de los trabajadores extranjeros, con engaños sobre los contratos y se han negado a ayudarles para dejar a jefes y condiciones abusivos.
   La institución estima que hay aproximadamente nueve millones de trabajadores inmigrantes en Arabia Saudí, principalmente de Asia y África.
   La normativa vigente del Ministerio de Trabajo establece que las agencias de colocación perderán sus licencias de operación si aceptan pagos por el reclutamiento de trabajadores o alquilan sus servicios a otros. No obstante, la ONG tiene conocimiento de agencias de empleo que han violado estas disposiciones, pero no reciben sanciones.
   "El traspaso del control sobre los trabajadores inmigrantes a las empresas de contratación trae nuevos riesgos", ha advertido Wilcke. "Si se conserva el sistema de patrocinio, será esencial una fuerte supervisión sobre estas nuevas empresas, incluyendo un proceso de veto para descalificar a los agentes de contratación con registros de abuso", ha agregado.
   La propuesta del Ministerio de Trabajo especifica que los trabajadores inmigrantes ya no necesitan el consentimiento de su empleador para acudir a la Meca, casarse o visitar a sus familiares en Arabia Saudí. HRW ha señalado que estas restricciones no están incluidas en la ley actual pero a menudo son impuestas por los empleadores y oficinas del Gobierno.
   La ONG también advierte de que pese a que en octubre de 2000, un decreto del Rey Fahd bin Abdul Aziz Al Saud eliminó el sistema de patrocinio en las relaciones laborales, lo mantiene para propósitos de inmigración y residencia. Prohíbe expresamente la confiscación del pasaporte de un extranjero pero sigue siendo una práctica generalizada y con apoyo oficial.
   El planteamiento del Ministerio de Trabajo también incluye una nueva comisión gubernamental para supervisar los asuntos de los trabajadores inmigrantes. La comisión haría seguimiento de las empresas de contratación y garantizaría el cumplimiento de las normativas. Además, se sugiere un seguro para compensar a los empresarios por las pérdidas sufridas debido a las acciones de los trabajadores, que también cubriría pasajes aéreos en caso de deportación y seis meses de salario del trabajador si el empleador no ha pagado los sueldos a tiempo.
   Asimismo, HRW ha advertido de que la propuesta no aborda otras graves deficiencias en la protección de los trabajadores inmigrantes, como un día de descanso semanal y límites de horario para las empleadas domésticas.
   El Ministerio basó sus recomendaciones en un estudio de cinco años, y ha anunciado que hará llegar sus propuestas a un comité de expertos del Consejo de Ministros para su revisión. Después de su examen, esta instancia presentará las propuestas ante el Consejo de la Shura, un organismo con algunas funciones legislativas. El proyecto de ley luego regresará al Consejo de Ministros para su aprobación y adopción.

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