MADRID.- Un informe del Real Instituto Elcano aconseja al Gobierno español y a
Repsol tratar de buscar una salida amistosa a la expropiación de la
petrolera YPF decretada por la presidenta argentina, Cristina Fernández,
al considerar que el pleito judicial sería negativo en el plano
político y económico.
El documento recomienda al Ejecutivo español
llevar a cabo acciones diplomáticas de manera "muy fría y pragmática",
evitando "a toda costa excesos patrióticos" y dar pie a "la explotación
populista y nacionalista" del asunto por parte de las autoridades
argentinas.
El catedrático de Derecho Internacional
Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá,
Carlos Jiménez Piernas, es el autor de este informe, divulgado por el
Real Instituto Elcano en su página web.
Según Jiménez, lo deseable
en el caso YPF sería "auspiciar la negociación de buena fe" entre
Repsol y el Gobierno argentino, "bajo el patrocinio de la UE
y del mayor número posible de países aliados", con el fin de lograr un
"arreglo satisfactorio" entre las partes sobre la indemnización.
"Éste
es el mejor camino", concluye el informe, para impedir "un largo y
complejo" procedimiento judicial y "un importante deterioro a largo
plazo" de las relaciones entre España y Argentina.
El
catedrático recuerda que el país suramericano ha desoído en los últimos
años los laudos dictados por los tribunales de arbitraje, por lo que
cree que la vía judicial debería emplearse como "último recurso y de
forma gradual".
En opinión de Jiménez, solo sería apropiado
adoptar represalias y recurrir al organismo internacional encargado de
dirimir disputas por inversiones (Ciadi) una vez agotadas las vías de
pactar un precio por la nacionalización.
El analista apunta que
las resoluciones que ha habido contra Argentina en el marco del Ciadi no
han concedido hasta ahora compensaciones superiores a 230 millones de
euros, cuando Repsol la cifraría en unos 8.000 millones.
Cita los
casos recientes de las compañías estadounidenses CMS Gas y Azuriz, a las
que este tribunal de arbitraje les reconoció el pago de 105 y 126
millones de euros, respectivamente.
"Aunque el caso de YPF es de
otra magnitud, sería aconsejable que Repsol explorara a fondo la
posibilidad de un arreglo razonable para sus intereses", insiste el
informe.
Desde el punto de vista del derecho internacional, "en
general, el escenario no parece muy halagüeño para Repsol ni para el
Gobierno español, ante la complejidad, la tardanza y el coste político
de una pelea judicial en toda regla", añade.
Sobre la reacción del
Gobierno español desde que se anunció la expropiación, el catedrático
cree que ha sido "algo atropellada y confusa", con declaraciones muy
"destempladas".
Jiménez recuerda además al Gobierno del PP que "no
conviene confundir el interés nacional" con "el interés particular de
una empresa por legítimo y relevante que sea", al haber otras
multinacionales con negocios en el país suramericano.
Por ello,
defiende una "ponderación" del interés que Repsol tiene en este caso, a
pesar de considerar injustificada y "muy grave" la nacionalización de
YPF.
En el informe, se recuerdan otros casos de empresas españolas
que demandaron a Argentina en los tribunales para poner de relieve el
"alto grado de litigiosidad inversora" que ofrece este país.
"Desde
la década de los 90, invertir en Argentina es sencillamente muy
arriesgado a causa de la inseguridad jurídica y la corrupción imperantes
en ese país", se dice en el texto.
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