MADRID/BRUSELAS.- El adelanto de la salida de Miguel Ángel Fernández Ordóñez de su
puesto como gobernador del Banco de España es una clara señal del deseo
de Madrid de restablecer la credibilidad de la entidad reguladora, días
después de que el Gobierno se viera forzado a efectuar el mayor rescate
bancario de la historia de España.
Ordóñez comunicó su decisión de dejar el cargo el 10 de junio al
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una reunión que ambos
mantuvieron este martes, lo que deja al Ejecutivo pocos días para
anunciar el cargo más alto del banco central.
El Banco de España ha visto su reputación caer por los suelos a
medida que emergía la gran cantidad de activos tóxicos que lastran los
bancos españoles y amenaza con llevar al país a un rescate que pondría
en peligro el futuro del euro.
En la última de las humillaciones para el banco central, el
Gobierno español cedió la semana pasada a la presión de la Unión Europea
y contrató a auditores extranjeros para que examinen a los bancos
nacionales, admitiendo así una falta de confianza en las valoraciones
del propio Banco de España.
Políticos y ministros del gobernante Partido Popular han
responsabilizado por esta falta de fiabilidad al propio Ordóñez, cuyo
mandato de 6 años finalizaba el 12 de julio.
Las permanentes críticas de políticos a Ordóñez no han hecho más
que deteriorar la credibilidad del país en un momento en el cual sus
costes de financiación han alcanzado niveles cercanos a la
insostenibilidad debido al riesgo bancario.
"En un momento en el cual la credibilidad de España está
cuestionada, la misma credibilidad de las instituciones españolas no
debería ponerse en duda por parte de los partidos políticos", dijo
Antonio Barroso, analista político de la consultora Eurasia Group en
Londres.
Los aliados de Ordóñez admiten que el Gobernador ha cometido
errores, y el PP ahora se enfrenta al desafío de designar a un nuevo
gobernador -apto técnicamente y respetado internacionalmente- que pueda
restituir la credibilidad de la institución.
Ordóñez intentó defender su gestión ante el Parlamento, pero el
partido gobernante bloqueó la iniciativa. El PP le criticó haber sido
muy cercano políticamente al Partido Socialista y tener más experiencia
legal y económica que financiera.
"En este momento, la idoneidad técnica que tenga un candidato es
más importante que sus socios políticos. El Gobierno necesita de alguien
que pueda lidiar con el BCE, hablar con la prensa e infundir respeto en
Bruselas", añadió el analista.
El Gobierno ha dicho que descarta solicitar ayudas europeas para
la banca, pero el reciente rescate de 23.500 millones de euros para
Bankia ha reavivado el temor a que la factura crezca tanto que España no
pueda pagarla sola.
La prioridad número uno para el sustituto de Ordóñez será
recuperar la confianza internacional en el Banco de España, que
históricamente ha sido respetado por controlar el riesgo bancario.
El viernes, el Gobierno designó como consejero del Banco de
España a Luis Maria Linde, ex director general de la entidad, lo que
disparó las especulaciones de que él sería el candidato preferido por
Rajoy para ocupar el cargo de Gobernador.
Sin embargo, según los estatutos del Banco, Linde debería
retirarse dentro de tres años, cuando cumpla los 70, por lo que no
podría completar su mandato de 6 años.
Un banquero español de alto cargo y un prominente banquero de
inversión en España han dicho que el principal candidato para el puesto
es José Luis González-Páramo, el respetado miembro español en el consejo
de Gobierno del Banco Central Europeo.
Otros posibles candidatos son el actual director de regulación
del Banco, José María Roldán, aunque defendiera la actuación de la
entidad durante la crisis; el jurista del BCE, Antonio Sáinz de Vicuña; y
la miembro del consejo de Banesto, Belén Romana.
Otro fuerte candidato podría ser José Viñals, actual jefe de la
división de mercados de capital del Fondo Monetario Internacional (FMI),
quien advirtió acerca de las brechas de capital de Bankia.
Sin embargo, el Gobierno podría ser poco propenso a designarlo
debido a que fue nombrado vicegobernador del Banco de España por parte
del anterior Gobierno comandado por el Partido Socialista.
Ordóñez, quien no estuvo disponible para hacer comentarios el
martes, actuó con poca celeridad cuando los bancos comenzaron a tener
problemas.
"El Banco de España lo debería haber hecho mejor. Era difícil,
pero debería haberse tomado una línea más dura. Creo que hubo un
problema en reconocer la seriedad (del asunto) y, por lo tanto, tener la
autoridad para convencer a los bancos de que tomen medidas", dijo un
alto cargo de uno de los principales bancos españoles.
La credibilidad del banco central también se vio afectada por el
hecho de tener decenas de inspectores en los principales bancos
españoles, que parecen haber fallado en la identificación de los
agujeros en algunas de sus cuentas.
Durante una década de "boom inmobiliario" alimentado por créditos
baratos, los bancos otorgaron préstamos inescrupulosamente a promotores
y concedieron enormes hipotecas a inmigrantes de bajos ingresos.
Cuando la burbuja inmobiliaria estalló en 2007-2008 y la crisis
financiera global golpeó al mundo más o menos al mismo tiempo, los
bancos españoles se quedaron con lo que actualmente se estima en 184.000
millones de euros en créditos de mala calidad y en inmuebles que han
tenido que asumir.
La auditoría independiente, que ha molestado a los banqueros
españoles, tiene como objetivo despejar el temor a que el agujero
provocado por la exposición inmobiliaria sea mayor en un contexto de
mora creciente y elevado desempleo en la segunda recesión del país en
tres años.
Una fuente del Gobierno dijo que el resultado de la auditoria
probablemente no estará muy lejos de las recientes estimaciones del FMI,
que opinó que un 70 por ciento del sistema bancario español era
saludable.
En los primeros dos años de la crisis, Ordóñez se concentró en
reducir el tamaño del sobredimensionado sector bancario forzando
fusiones entre muchas de las 45 cajas regionales, aunque encontró serias
dificultades para reducir el poder político en estas entidades.
Esta primera fase ha sido ahora criticada en relación con el
proceso de fusiones que dio lugar a Bankia, un banco que no ha podido
sobrevivir sin ayudas públicas.
Ordóñez enfrentó una enorme reticencia política ya que los
gobernantes de las 17 regiones españolas lucharon por retener el control
de "sus" bancos que habían financiado desde aeropuertos sin aviones a
centros culturales descomunales.
Asimismo, en dos rondas de reestructuración bancaria, Ordóñez
recapitalizó entidades débiles usando al estatal FROB y tomó el control
de varias pequeñas cajas de ahorro.
El hecho de que afloraran mayores pérdidas en las entidades
rescatadas no hizo más que aumentar los riesgos ocultos del conjunto del
sistema bancario nacional.
Aun así, funcionarios del banco central defienden que el método
de medición de los préstamos problemáticos y califican de absurdas las
demandas del mercado de un reconocimiento de pérdidas aún mayor.
No ha sido hasta este año, cuatro después del comienzo de la
crisis, cuando los bancos se han visto obligados a reconocer mayores
pérdidas potenciales en sus carteras.
A través de dos decretos, en febrero y en mayo, el ministro de
Economía, Luis de Guindos, aumentó en 84.000 millones de euros el
importe que deben provisionar los bancos ante los créditos deteriorados y
los activos inmobiliarios tóxicos.
Bankia, la cuarta entidad bancaria española, no fue capaz de
captar esa cantidad. El Gobierno se hizo cargo de la entidad y su nueva
dirección ha dicho que el importe de los préstamos deteriorados es más
alto que el estimado inicialmente.
La semana pasada, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF)
dijo que los bancos españoles podrían necesitar otros 76.000 millones de
euros para cubrir sus pérdidas.
La UE propondrá rescates bancarios internacionales
Los países de la Unión Europea podrían estar obligados a rescatar a
los bancos en problemas de otro socio, según un proyecto de ley de la UE
que marca un gran paso hacia una mayor integración financiera del
bloque pero que podría incomodar a algunos miembros, particularmente a
Alemania.
Los problemas de la banca española y el riesgo de que una
retirada masiva de fondos bancarios de un país como Grecia pueda
propagarse han dado un nuevo ímpetu a la postergada idea de la UE de una
ley que aborde el tema de los bancos en quiebra.
La Comisión Europea propondrá las normas el 6 de junio, para
garantizar que los reguladores locales, que un alto cargo describió como
"agresivos poderes de intervención", tomen el control de los bancos
aquejados, los disuelvan y les impongan pérdidas a sus tenedores de
bonos.
De ser aceptada por los países miembros de la UE, será un primer
paso hacia un sistema paneuropeo de supervisión y pago por la
liquidación de bancos en dificultades, un elemento vital de la "unión
bancaria" que ha pedido el Banco Central Europeo.
El borrador de 156 páginas -que apunta a evitar que los bancos
sean "demasiado grandes para quebrar" o que su colapso ocasione un caos
generalizado en el mercado- también planea dar nuevos poderes a los
fiscalizadores para "cobrar fianza" o imponer pérdidas a los tenedores
de bonos para apuntalar el capital de un banco de manera que los
contribuyentes se libren de pagar la cuenta.
La ley, que podría entrar en vigor no antes de 2014, introduciría
lo que algunos responsables describen como un régimen de insolvencia
para los bancos de la UE.
También instruiría a los países a prepararse para el colapso de
un banco, al recaudar el equivalente a un uno por ciento de los
depósitos bancarios de un impuesto anual a los bancos.
Ese dinero se mantendría en reserva y sería usado en una emergencia para apoyar a un banco complicado con préstamos o garantías.
El borrador fue finalizado poco después que los líderes europeos,
reunidos en Bruselas la semana pasada, acordaran evaluar maneras de
profundizar la integración en la Unión Europea y la zona euro, lo que
podría incluir una cooperación más cercana sobre la banca.
El proyecto no sugiere la introducción inmediata de un fondo
único de la Unión Europea para liquidar o rehabilitar a bancos en
problemas, un enfoque que prefiere el Banco Central Europeo.
Pero el plan propone relaciones más cercanas entre los fondos
nacionales, una medida que tiende a la creación de un esquema común de
la UE, lo que podría obligar a que Reino Unido, por ejemplo, le preste a
un fondo en Francia, si un banco con operaciones en ambos países está
cerca de caer.
Las estrictas normas para agrupar fondos nacionales podrían
encontrar una dura oposición de países como Reino Unido, que ha
planteado que Londres y no Bruselas debe tener autoridad única para
decidir cuándo abastece de dinero a los bancos en problemas.
La idea de un fondo único también incomodará a Alemania, que se
ha opuesto a todo intento por usar su fortaleza financiera para
apuntalar a los prestamistas de países débiles como España.
Una vez que la ley haya sido aprobada, la Comisión evaluará en
2014 el próximo paso y analizará cómo podría llegarse mejor a un "marco
normativo más integrado" para reducir el tamaño de los bancos, dice el
documento.
En el borrador, los responsables de la Comisión escribieron: "un
régimen de resolución efectivo debe evitar que los costes (...) de una
institución en quiebra sean asumidos por (...los) contribuyentes (...)
(y) también debería asegurar que instituciones grandes y sistémicas
puedan ser salvadas sin poner en riesgo la estabilidad financiera".
"Los estados miembros deben asegurar que los mecanismos de
financiación bajo su jurisdicción estén obligados a prestarle a otros
mecanismos de financiación dentro de la unión", agregó.
Un responsable de la UE que conocía el texto explicó: "Esto deja
algo de espacio para moverse, pero deberá ser un mecanismo de
cooperación entre países".
No hay comentarios:
Publicar un comentario