MADRID.-
La Audiencia Nacional ha solicitado a la Caja
de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que remita al juzgado un listado con
los nombres de las personas que ocuparon los puestos directivos de la
entidad entre 2001 y 2011, entre ellos el murciano y ex vicepresidente
1º de la entidad, Javier Guillamón Álvarez (en la imagen), según una
providencia dictada el pasado 9 de
mayo.
"Líbrese de oficio a la CAM a fin de que sea remitida
certificación de las personas que integraron la comisión ejecutiva, el
comité de dirección y las comisiones de riesgos, auditoría, inversiones y
retribuciones durante el periodo 2001-2011", según la providencia
dictada por el juez Eloy Velasco, en sustitución de Fernando
Grande-Marlaska.
Además, el magistrado encomienda a la Unidad de Apoyo de la
Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la
Criminalidad Organizada la labor de "ejecución" de la orden.
Según fuentes jurídicas solventes, esta
petición de nombres supone el primer paso para que los directivos de la
entidad alicantina sean llamados a declarar como testigos o imputados
por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión.
Estas diligencias de investigación las asumirá previsiblemente el
juez Javier Gómez Bermúdez en junio, después de su nombramiento como
titular del Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional en
sustitución de Grande-Marlaska, que pasa a presidir la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional, lo que supone un intercambio de cargos entre
ambos.
El pasado mes de noviembre, Grande-Marlaska admitió a trámite la
denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón contra la exdirectora
general de la CAM, María Dolores Amorós, por presunta estafa, delito
societarios y falsedad documental.
En marzo, el juez admitió la personación como acusación particular
de unos 300 clientes de la entidad, representados también por De Ramón,
que denuncian la presunta estafa sufrida por la adquisición de
productos financieros como las cuotas participativas o las
participaciones preferentes, entre otros.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de
2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección
de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración
Bancaria Ordenada (FROB).
En los informes emitidos por el Banco de España y los
administradores del FROB se describen numerosas irragularidades, sobre
todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario. En marzo de
2011, los gestores de la CAM comunicaron a las autoridades financieras
unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las
cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
Además, se investigan las causas del despido disciplinario
impuesto el pasado 28 de septiembre por el Banco de España a Amorós
(directora entre noviembre de 2010 y agosto de 2011) por haber pactado
con el expresidente de la caja Modesto Crespo una pensión vitalicia de
369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2% desde su
jubilación, y un sueldo de 593.040 euros.
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