BRUSELAS.- La Comisión Europea ha alertado este miércoles
de que las reformas bancarias aprobadas por el Gobierno español cubren
únicamente la depreciación de los activos inmobiliarios pero no tienen
en cuenta posibles pérdidas por hipotecas y créditos a las pymes.
En sus recomendaciones de política económica a España, Bruselas
dice que "teniendo en cuenta el riesgo de estrés en la financiación
bancaria, es necesario continuar reforzando la base de capital de los
bancos".
"Las medidas de reforma adoptadas en febrero y mayo de 2012
afrontan el legado de activos inmobiliarios, pero las vulnerabilidades
relacionadas con otras exposiciones como créditos a pymes e hipotecas
residenciales no se han abordado", destaca el Ejecutivo comunitario.
Bruselas pide además al Gobierno que garantice que su respuesta
política sea "coherente" con "las discusiones en marcha sobre nuevas
propuestas para recapitalizar el sector financiero en la eurozona", pero
no da más precisiones sobre si se refiere al fondo de rescate.
"Los bancos españoles todavía tienen una gran exposición a los
sectores de la construcción y la vivienda (que asciende a alrededor del
10% de sus activos totales consolidados en diciembre de 2011). Alrededor
de la mitad de esta exposición es ya problemática y puede aumentar a
medida que los promotores sean incapaces de vender sus activos y pagar",
afirma la Comisión.
Bruselas admite no obstante que las hipotecas suponen un "riesgo
mucho menor para los bancos", ya que las problemáticas sólo son el 3%.
El Ejecutivo comunitario admite además que la falta de
financiación bancaria es uno de los principales problemas de las
empresas españolas, así como el retraso de los pagos por parte de la
administración pública, que se sitúa de media en 162 días, sólo superado
por Grecia.
Bruselas expresa algunas dudas sobre el plan de pago que prepara
el Gobierno porque considera que "esta medida implica penalizar a los
proveedores, que tienen que aceptar la no inclusión de los intereses y
otros costes en el pago final, lo que va contra los principios" de la
legislación europea en la materia.
Además, se queja de que el Gobierno no le ha aclarado si "la
reducción voluntaria de la cantidad debida se considerará un criterio
para el pago prioritario".
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