lunes, 7 de mayo de 2012

Las ONGs españolas alertan de que la situación económica ha provocado una "crisis de DDHH"

MADRID.-   La veintena de ONG españolas que este lunes han comparecido ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU para abordar el cumplimiento en España del pacto internacional homónimo, han denunciado que la situación económica en el país ha derivado en una "crisis de derechos humanos". 

   En una sesión previa al primer examen oral que el Comité hará a España en ocho años para supervisar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el país, entidades como Amnistía Internacional o la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) han asegurado que, en la actualidad, estas garantías se encuentran "gravemente" amenazadas.
   En su opinión, este "retroceso" en derechos sociales se debe a "su insuficiente reconocimiento en la Constitución" y a un desarrollo legislativo "claramente insuficiente", lo que, según afirman, provoca que el acceso a un recurso judicial efectivo y a la reparación por las violaciones a estos derechos "constituyan una asignatura pendiente".
   En este sentido, se han referido a las medidas a su juicio "regresivas u discriminatorias" adoptadas por el Ejecutivo en las últimas semanas, como retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, y han insistido en que "precisamente es en la actual situación cuando los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos".
   Las ONG, que, junto al Defensor del Pueblo, han presentado sus propios informes para complementar el remitido por el Estado español a la ONU sobre el cumplimiento del Pacto Internacional DESC, han afirmado que este recorte sanitario "supone un retroceso de más de una década en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad, incluso llegando a poner en peligro su derecho a la vida".
   En esta línea, han pedido que se evalúe el impacto de cualquier recorte o medida anticrisis en relación al ejercicio de este derecho y que se asegure que los requisitos para acceder a los servicios médicos no crean barreras de acceso.
   Sobre vivienda, las entidades han trasladado al Comité que la respuesta de las autoridades "ha sido insuficiente" para envitar que miles de familias sean desalojadas de sus casas sin garantías de protección, y le han pedido que inste a prohibir "de manera efectiva" los desalojos forzosos.
   En cuanto a derechos laborales, han lamentado la "desprotección" en al que a su juicio, queda la población trabajadora en España tras la reforma laboral, y han alertado sobre la situación de los más de cinco millones de ciudadanos que carecen de un empleo.
   Otro de los asuntos abordados ha sido la violencia de género, que se ha cobrado ya 16 vidas este año. Las 20 entidades han expresado ante el Comité su "inquietud por la falta de adecuada protección a las víctimas" y han apuntado la necesidad de que se implementen las leyes existentes y se establezcan unos criterios comunes de servicios públicos básicos en todo el país para la atención a estas mujeres.
   Por último, las ONG se han referido a la discriminación de la población gitana, los inmigrantes, las personas con discapacidad, el colectivo LGBT y los demás ciudadanos que se ven señalados por motivos de género o edad en el acceso a derechos básicos como Educación, Empleo o Vivienda.

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