MADRID.- La veintena de ONG españolas que este lunes
han comparecido ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC) de la ONU para abordar el cumplimiento en España del
pacto internacional homónimo, han denunciado que la situación económica
en el país ha derivado en una "crisis de derechos humanos".
En una sesión previa al primer examen oral que el Comité hará a
España en ocho años para supervisar la situación de los derechos
económicos, sociales y culturales en el país, entidades como Amnistía
Internacional o la Asociación Española para el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos (AEDIDH) han asegurado que, en la actualidad, estas
garantías se encuentran "gravemente" amenazadas.
En su opinión, este "retroceso" en derechos sociales se debe a
"su insuficiente reconocimiento en la Constitución" y a un desarrollo
legislativo "claramente insuficiente", lo que, según afirman, provoca
que el acceso a un recurso judicial efectivo y a la reparación por las
violaciones a estos derechos "constituyan una asignatura pendiente".
En este sentido, se han referido a las medidas a su juicio
"regresivas u discriminatorias" adoptadas por el Ejecutivo en las
últimas semanas, como retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en
situación irregular, y han insistido en que "precisamente es en la
actual situación cuando los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo
posible para garantizar los derechos sociales básicos".
Las ONG, que, junto al Defensor del Pueblo, han presentado sus
propios informes para complementar el remitido por el Estado español a
la ONU sobre el cumplimiento del Pacto Internacional DESC, han afirmado
que este recorte sanitario "supone un retroceso de más de una década en
el disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se encuentra en
una situación de gran vulnerabilidad, incluso llegando a poner en
peligro su derecho a la vida".
En esta línea, han pedido que se evalúe el impacto de
cualquier recorte o medida anticrisis en relación al ejercicio de este
derecho y que se asegure que los requisitos para acceder a los servicios
médicos no crean barreras de acceso.
Sobre vivienda, las entidades han trasladado al Comité que la
respuesta de las autoridades "ha sido insuficiente" para envitar que
miles de familias sean desalojadas de sus casas sin garantías de
protección, y le han pedido que inste a prohibir "de manera efectiva"
los desalojos forzosos.
En cuanto a derechos laborales, han lamentado la
"desprotección" en al que a su juicio, queda la población trabajadora en
España tras la reforma laboral, y han alertado sobre la situación de
los más de cinco millones de ciudadanos que carecen de un empleo.
Otro de los asuntos abordados ha sido la violencia de género,
que se ha cobrado ya 16 vidas este año. Las 20 entidades han expresado
ante el Comité su "inquietud por la falta de adecuada protección a las
víctimas" y han apuntado la necesidad de que se implementen las leyes
existentes y se establezcan unos criterios comunes de servicios públicos
básicos en todo el país para la atención a estas mujeres.
Por último, las ONG se han referido a la discriminación de la
población gitana, los inmigrantes, las personas con discapacidad, el
colectivo LGBT y los demás ciudadanos que se ven señalados por motivos
de género o edad en el acceso a derechos básicos como Educación, Empleo o
Vivienda.
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