BRUSELAS.- La Comisión Europea presentará el próximo miércoles seis de junio sus propuestas sobre cómo liquidar las entidades sistémicas con problemas, de forma que sean los accionistas y acreedores, y no los contribuyentes, los que paguen en el futuro en caso de quiebra de un banco.
Bruselas quiere que se cree una red europea con fondos de
resolución de cada Estado miembro -que en el caso de España equivaldrían
a los fondos de garantías de depósitos-. Estos fondos estarían
prefinanciados con contribuciones de las propias entidades y se usarían
en última instancia.
El marco de gestión de crisis es uno de los tres pilares que
el Ejecutivo comunitario y el Banco Central Europeo (BCE) han propuesto
para crear una "unión bancaria", cuyo objetivo es frenar la crisis de
deuda y los problemas bancarios, especialmente en España.
Las otras dos ideas, que se discutirán en la cumbre de líderes
europeos del 28 y 29 de junio, son un sistema europeo de garantía de
depósitos y una mayor coordinación de la supervisión.
El BCE ya ha alertado no obstante de que no es suficiente
poner en marcha una red europea de mecanismos de resolución, sino que
habría que fusionarlos y crear un fondo de liquidación único para las
entidades sistémicas. Así se lograría desconectar a los bancos de la
deuda pública y se permitiría un reparto más fácil de la factura entre
los Estados miembros en caso de quiebra.
Se trata de evitar en el futuro la existencia de "bancos
demasiado grandes para quebrar" y que por tanto se sienten libres de
incurrir en riesgos excesivos por considerar que siempre serán
rescatados.
El nuevo marco de gestión de crisis bancarias de la UE
incluirá un arsenal completo de medidas que se irán desplegando en la
medida que lo exija la gravedad de la situación. Con carácter
preventivo, el Ejecutivo comunitario quiere que los bancos,
especialmente las entidades transfronterizas, elaboren 'testamentos
vitales' en los que se detalle cómo realizar una liquidación rápida y
ordenada de la institución en caso de problemas.
Desde el momento en que se detecten las primeras dificultades,
los supervisores nacionales podrán prohibir al banco el pago de
dividendos, obligarle a deshacerse de las actividades que estén
generando más riesgo e incluso destituir a los directivos y asumir el
control.
Cuando la quiebra sea inevitable, la Comisión quiere que las
autoridades dispongan de poderes para forzar su venta a una entidad
sana, o transferir todos o parte de sus activos a un banco puente que
permita garantizar la continuidad de los servicios esenciales y
gestionar la liquidación de manera ordenada.
En este caso extremo, Bruselas propondrá que los acreedores
asuman parte de los costes mediante la aplicación de un descuento a la
deuda que poseen. Para cubrir los costes que no puedan ser asumidos por
accionistas y acreedores, se recurriría al fondo de liquidación.
Finalmente, para aumentar la coordinación entre los Estados
miembros en caso de quiebra de un banco transfronterizo, Bruselas
propone crear grupos que reúnan a las autoridades nacionales con poderes
de liquidación apoyándose en los colegios de supervisores que ya
existen.
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