LISBOA.- Varios miles de personas desfilaron este sábado en las calles de Lisboa, convocadas por la CGTP, principal confederación sindical portuguesa, para protestar contra la política de austeridad del gobierno de centro-derecha e impuesta por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
Los sindicatos esperaban una participación más importante que la de
la manifestación del sábado pasado en Oporto, la gran ciudad del norte
del país, que reunió a unas 30.000 personas.
"Si el gobierno prosigue por esta vía, Portugal va a hundirse",
afirmó Joao Cruz, un obrero ferroviario de 43 años que este año
perdió dos meses de su salario de 1.000 euros debido a las medidas de
rectificación presupuestaria.
"Esta crisis en Europa sólo favorece a Alemania, mientras que los
países como el nuestro son abandonados a su suerte", se indignó Susana
Leal, una obrera textil llegada del interior del país.
Llamando a la movilización "contra al explotación y el
empobrecimiento", la CGTP se opone en particular a la reforma del código
del trabajo adoptada en mayo por el Parlamento, que facilita el despido
de los trabajadores, reduce garantías en cuanto los horarios y suprime
vacaciones y días festivos.
La reforma está contenida en el plan de rigor y de reformas exigido a
Portugal por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, a
cambio de un préstamo de 78.000 millones de euros acordado en mayo de
2011.
Esta reforma fue aprobada por la UGT, la segunda mayor central
sindical del país, creada en 1978 por militantes socialistas, provocando
la división del movimiento sindical portugués.
Cuando el país debería registrar este año una recesión del 3% del
PIB, con un índice de desempleo récord del 15,5%, las protestas a las
medidas de austeridad no alcanzan en Portugal las dimensiones que tiene
en Grecia o en España.
El viernes, en el Parlamento, el Partido Comunista anunció su
intención de presentar una moción de censura contra el gobierno del
primer ministro Pedro Passos Coelho, la primera desde que llegó al poder
hace un año. No obstante, el texto, que será debatido y votado el 25 de
junio, no tiene ninguna posibilidad de ser adoptado, pues la coalición
gobernante dispone de una cómoda mayoría parlamentaria.
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