BRUSELAS.- Los ministros del Interior de la UE han
llegado a un acuerdo político este jueves en Luxemburgo que permite
reintroducir los controles fronterizos nacionales para hacer frente a
presiones migratorias masivas en el espacio sin fronteras Schengen
cuando se constata que un Estado miembro afectado no está en condiciones
de hacer frente por sí solo al problema.
La Comisión podrá proponer a los Estados miembros que éstos
recomienden que se restablezcan los controles fronterizos nacionales en
el caso de flujos migratorios "masivos" cuando se constate que el Estado
miembro afectado "no está en condiciones de hacer frente por solo" al
problema, según han explicado fuentes diplomáticas. Bruselas defendía
desde el principio que los Estados miembros pidan permiso a la UE antes
de reintroducir los controles.
Cuando se concluya que un Estado miembro no está incumpliendo de
manera "seria" sus obligaciones en el marco del espacio sin fronteras
Schengen, poniendo en "riesgo" el funcionamiento del sistema, y la
Comisión constate, tras un periodo de tres meses, que la situación
problemática persiste, los Veintisiete podrán recomendar, en base a una
propuesta de la Comisión, que uno o más Estados miembros concretos
reintroduzcan los controles fronterizos en determinados puntos o en el
conjunto de su frontera interna. Los controles se permitirán durante un
máximo de seis meses, pero podrán prorrogarse en periodos consecutivos
de seis meses, hasta un máximo de dos años.
"Al final serán los Estados miembros los que decidan sobre la
reintroducción de los controles fronterizos", ha dejado claro sin
embargo el ministro de Justicia danés, Morten Bodskov, en rueda de
prensa al término de la reunión de los Veintisiete.
Los Estados miembros ya pueden reintroducir los controles
fronterizos dentro de su territorio durante un tiempo limitado en
circunstancias excepcionales que pueden dar lugar a "una amenaza seria"
para el orden público o la seguridad nacional como el caso de los
acontecimientos masivos previstos o en casos urgentes como ataques
terroristas, aspectos que no se cambiarán, aunque ahora también se
podrán reintroducir en caso de afluencias masivas de inmigrantes si se
constatan "deficiencias serias y persistentes".
Los Estados miembros han llegado a un acuerdo político también
sobre el nuevo mecanismo de evaluación y supervisión del funcionamiento
de Schengen que, según ha criticado la comisaria europea del Interior,
Cecilia Malsmtröm, "reproduce" el mismo mecanismo actual de "revisión
entre iguales" para detectar problemas y no permitirá "tener un
mecanismo europeo para identificar los problemas" en el espacio sin
fronteras ni "tener recomendaciones vinculantes" para los Estados
miembros que deban corregir deficiencias detectadas, tal y como proponía
la Comisión. "Y esto no va a ser el caso", ha lamentado.
La reforma de la gobernaza de Schegen propuesta por Bruselas
introducía "recomendaciones vinculantes" aprobadas por una mayoría
cualificada de Estados miembros para forzar a un país a adoptar medidas
concretas para subsanar "problemas serios" detectados, según han
explicado fuentes comunitarias.
La propuesta respaldada por los Veintisiete este jueves deja el
mecanismo "prácticamente como ahora" es decir un sistema de vigilancia
"puramente intergubernamental". "No se les podrá obligar a hacer nada
para remediar problemas", lamentan fuentes del Ejecutivo comunitario.
"Desde la Comisión estamos decepcionados. No es tan ambicioso como
nos hubiera gustado", ha reconocido la propia Malmström, sobre el nuevo
mecanismo de evaluación acordado por los Veintisiete.
La comisaria ha descartado emprender sin embargo "ningún paso
legal por el momento" contra los Estados miembros y ha confiado en que
el Parlamento Europeo pueda "encontrar una solución" para garantizar un
mecanismo realmente europeo.
El presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, ha dejado claro que
"el Parlamento Europeo no aceptará ningún motivo para reintroducir los
controles fronterizos sin un mecanismo comunitario para evaluar y
supervisar si esto es necesario o no" y ha dejado claro que todos los
líderes de los diferentes grupos políticos han tenido reacciones "muy
negativas" al cambio de la base legal para el nuevo mecanismo de
evaluación de Schengen --de reglamento comunitario a decisión del
Consejo, que reconoce al Parlamento Europeo como colegislador--. Los
Veintisiete se han comprometido sin embargo a consultarle la propuesta.
"Esta decisión supone una falta de respeto a los poderes del
Parlamento y es un paso en la mala dirección para Schengen. Este juego
de poder innecesario no alcanzará el resultado que nuestros ciudadanos
esperan de la Unión", ha denunciado Schulz en un comunicado en el que
insta a la Presidencia danesa a comparecer ante la Eurocámara en el
pleno de la semana que viene en Estrasburgo para dar explicaciones.
"Es perturbador ver que los Gobiernos nacionales buscan excluir a
los representantes de sus ciudadanos en cuestiones relacionadas con
derechos individuales. El libre movimiento dentro del área sin fronteras
internas es un pilar de la Unión Europea, uno de los beneficios más
tangibles y el Parlamento Europeo luchará para reforzarlo", ha zanjado
Schulz, que ha dejado claro que la Eurocámara seguirá tramitando la
propuesta legislativa y "examinará todas las opciones posibles".
El ministro de Justicia danés ha dejado claro que los Veintisiete
no están "dejando al margen al Parlamento" y ha defendido que el cambio
de base legal de la propuesta es una cuestión "puramente legal para
garantizar que tenemos la base legal adecuada sobre el contenido
acordado".
"Los Estados miembros quieren seguir dialogando con el
Parlamento Europeo", ha insistido.
La Comisión propuso el pasado mes de septiembre introducir un
enfoque comunitario que le permitiera encabezar las evaluaciones con
visitas e inspecciones in situ en los Estados miembros, aunque la
propuesta de compromiso respaldada por los Veintisiete defiende que la
Comisión y los Estados miembros realicen la evaluación y supervisión de
forma conjunta. Los equipos conjuntos estarían compuestos por un miembro
de un Estado miembro y otro de la Comisión.
Las evaluaciones cubrirán todas las disposiciones del acervo
comunitario, pero también y por primera vez se controlaría la ausencia
de controles en las fronteras internas. El Ejecutivo comunitario se
encargará eso sí de presentar los programas de evaluación multianuales y
anuales, que incluirían visitas e inspecciones anunciadas y sin previo
aviso a los Estados.
Los Veintisiete deberán dar su visto bueno a los informes de
evaluación que les remita el Ejecutivo comunitario en base a los
informes de los equipos conjuntos y los Estados miembros donde se
detecten deficiencias deberán presentar un plan de acción para detallar
cómo piensan solventarlas. Bruselas informará a los Veintisiete de
manera regular del grado de cumplimiento del mismo y si se detectan
deficiencias "serias" con impacto para el orden público o la seguridad
nacional la Comisión, motu propio o a petición de un país concreto,
informará al resto de las mismas "lo antes posible".
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