MADRID.- En un intento por reconducir la crisis de deuda, España sucumbió el sábado a las presiones y solicitó formalmente hasta 100.000 millones de euros de fondos europeos para sanear sus bancos a cambio de ceder soberanía nacional sobre el sistema financiero.
"Las condiciones se van a imponer a los bancos, no a la sociedad", quiso dejar claro en una abarrotada rueda de prensa el ministro de Economía, Luis de Guindos, que asumió en solitario la misión de comunicar la solicitud de ayuda para los bancos.
"Es prematuro todavía sacar todas las conclusiones del
discurso pronunciado por De Guindos pero hay que tener mucho cuidado con
la letra pequeña de las condiciones que va a imponer la eurozona a
España. Es evidente que va a haber una cierta cesión de soberanía", dijo
José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney.
Tras una conferencia telefónica de carácter técnico con
responsables de los distintos tesoros europeos y otra de los ministros
de finanzas a primera hora de la tarde, España tuvo que desdecirse de
las declaraciones de los últimos días y reconocer que ha acordado una
línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros para ayudar a las
entidades en apuros.
"Es una cantidad máxima en la cual clarísimamente hay
un margen de seguridad, se ha establecido una cifra que no puede ser
cuestionada por nadie", dijo Guindos.
El Fondo Monetario Internacional, que asesorará en el
proceso de préstamos y ha sido "invitado" por el Eurogrupo a
"monitorizar la asistencia y realizar informes regulares", desveló la
víspera que el déficit de capital de la banca española es de al menos
40.000 millones de euros aunque en el sector se da por descontada una
cifra sensiblemente superior una vez que finalicen en "los próximos
días" el primer informe de las auditorías independientes que encargó el
país.
"La horquilla es muy amplia (...) No me extrañaría que
la cifra final estuviera entre 60.000 y 80.000 millones de euros", dijo
Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales.
Con el diferencial de la deuda española a diez años
frente a su par alemán en máximos históricos cerca de los 500 puntos
básicos, Guindos se mostró convencido de las bondades de la petición -
aplaudida por la Comisión, Alemania, Estados Unidos y el propio FMI - y
llegó a asegurar que "el riesgo soberano quedará al margen del
saneamiento del sistema financiero".
La agencia de calificación de crédito Fitch anunció el
jueves una rebaja del rating soberano en tres escalones mencionando
entre otras cuestiones las fuertes necesidades de capital de los bancos,
que cifró entre 50.000 y 60.000 millones de euros en un escenario base y
en 100.000 millones en otro adverso.
"Significa ya el respaldo definitivo del sistema
financiero español (...) 100.000 millones de euros es un importe máximo y
hay que cubrirse, pero creo que las necesidades estarán entre los
40.000 o 50.000 millones de euros", dijo Juan Iranzo, vicepresidente del
Instituto de Estudios Económicos.
El estatal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) será el receptor de las ayudas y decidirá el importe y
condiciones de inyección para las distintas entidades.
Por esto, el importe de los préstamos engrosará
directamente la deuda pública del país. La relación deuda/PIB, única
fortaleza relativa de la economía española, aumentaría en casi 10 puntos
si se utilizase íntegra la línea de crédito. Para este ejercicio, el
Ejecutivo había previsto - sin tener en cuenta las nuevas ayudas -
elevar esta ratio al 79,8 por ciento del PIB.
Los intereses de los créditos - que Guindos aseguró que
serían "en condiciones mucho más favorables a las de mercado"-, sí
sumarán déficit público, para el que el Ejecutivo proyecta todavía una
cifra del 5,3 por ciento del PIB para 2012 desde el 8,91 por ciento de
2011.
Con el mecanismo, la fecha y las condiciones aún por
determinar, la decisión de España supone un hito en la historia del euro
al ser el primer país que esquiva un rescate a cambio de una "ayuda
suave" exclusivamente destinada a los bancos.
En la práctica, la petición formal de ayuda a Europa
someterá a los bancos españoles, fuertemente afectados por el pinchazo
de la burbuja inmobiliaria, a una disciplina en la que lucirán sus
galones la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.
El Ejecutivo español, que en los primeros cinco meses
de Gobierno ha atendido a las reclamaciones de sanear su sector
financiero con dos reales decretos con los que ha impuesto 84.000
millones de euros de provisiones, se ha visto desbordado por el
descrédito en un contexto de crisis de confianza casi irracional.
El ministro no aclaró si los acuerdos para las ayudas
incluirán nuevas regulaciones para el conjunto de la banca o solamente
para aquellas entidades que requieran ayuda.
Pero, con la nacionalización de Bankia - que desveló un
agujero estimado en 23.500 millones de euros- y la fuerte presión
ejercida sobre su cartera por parte de los nuevos gestores, se
dispararon los temores entre algunos bancos sobre la posibilidad de
nuevas exigencias que no distingan entre entidades diversificadas o
internacionalizadas y con perfiles de clientes distintos.
De hecho, en la metodología de la auditoría, que el
Eurogrupo dijo el sábado que utilizará como referencia, se explica que
las necesidades se calcularán teniendo en cuenta además de la cartera
inmobiliaria, créditos a PyMES y particulares.
Mientras el ministro de Economía asumía toda la
responsabilidad del anuncio señalando que "soy yo el que participa en el
Eurogrupo", el presidente del Gobierno, a quien se ha acusado en
repetidas ocasiones de sus escasas apariciones públicas en momentos de
máxima tensión, mantenía el sábado a última hora su agenda de asistir el
domingo al estreno de la selección española de fútbol en la Eurocopa.
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