DUBLÍN.- Un 60 por ciento de los irlandeses que
acudieron el jueves a votar dijeron 'sí' al Tratado para la estabilidad,
la coordinación y la gobernanza de la unión económica y monetaria,
según los resultados oficiales conocidos este viernes.
En concreto, un 60,3 por ciento de los votantes, unas 955.000
personas, apostaron por la ratificación de este acuerdo, suscrito el
pasado 2 de marzo por 25 líderes de la UE, todos excepto de Reino Unido y
República Checa. El restante 39,7 por ciento --629.000 personas--
dijeron 'no'.
La participación en esta consulta, no vinculante para el
Gobierno, ha rondado el 50 por ciento, similar a la de otros plebiscitos
convocados previamente en Irlanda.
El tratado obliga a los países firmantes a introducir en sus
constituciones un límite del déficit al 0,5 por ciento del PIB y que
además prevé sanciones casi automáticas para los países que superen el
umbral del 3% del PIB.
Irlanda se desmarcó del resto de países firmantes del Tratado
al convocar el pasado 28 de febrero un referéndum a instancias del
fiscal general irlandés, convirtiéndose así en el único de los 25 países
que suscribieron el texto que consultará a sus ciudadanos sobre esta
cuestión.
El país, que ya rechazó en 2001 el Tratado de Niza y en 2008
el de Lisboa en sendas consultas, no contará en esta ocasión con poder
de veto, porque el Tratado entrará en vigor en cuanto cuando lo hayan
aprobado 12 de los 17 miembros de la eurozona. Además, el Tratado prevé
que aquellos Estados miembros que lo rechacen no tengan acceso a nuevas
ayudas del fondo de rescate para países endeudados. Irlanda se beneficia
en estos momentos de un plan de ayuda de la UE por valor de 85.000
millones de euros.
Los sondeos previos a la consulta ya apuntaban a una victoria
del 'sí', promovido desde el Gobierno, desde el que el primer ministro,
Enda Kenny, aseguraba que "ahora es el turno de los irlandeses y existen
realmente buenas razones para votar Sí".
Por contra, el Sinn Féin se erigió en el principal partido
defensor del 'no' al considerar que el Tratado no sólo no contribuye a
resolver la crisis de la zona euro, sino que incorporará a la
Constitución políticas erróneas que ya han causado mucho daño al país.
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