BRUSELAS.- España tendrá que cumplir 32 condiciones a cambio de
la ayuda europea de hasta 100.000 millones de euros que recibirá para
recapitalizar su sector bancario, según el Memorándum de Entendimiento
del Eurogrupo.
El Gobierno de Mariano Rajoy, entre otras cosas, estará obligado a
llevar a cabo una profunda revisión del sector bancario que incluirá
planes de reestructuración de entidades, reforzar el papel del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del fondo de garantía de
depósitos y transferir competencias al Banco de España desde el
Ministerio de Economía.
Las medidas deberán irse adoptando progresivamente a partir de finales de este mes y concluir en junio del año que viene.
Entre las primeras exigencias que tendrá que cumplir España este
mismo mes figura la de supervisar la totalidad del sistema bancario, en
especial las entidades de naturaleza sistémica.
Entre julio y agosto, tendrá que preparar planes de reestructuración y
liquidación para las entidades que han sido nacionalizadas a través del
FROB (BFA/Bankia, CatalunyaCaixa, NovaCaixaGalicia y Banco de
Valencia).
Estos planes se elaborarán sobre la base de las pruebas de
resistencia efectuadas a las entidades y tendrán que ser aprobados por
la Comisión Europea en noviembre.
Todas las instituciones crediticias estarán asimismo sujetas a
requisitos más fuertes y comunes de revelación de información en áreas
clave de las carteras como créditos reestructurados y refinanciados y
concentración social.
Tendrán también que facilitar información para que las consultoras puedan llevar a cabo las pruebas de resistencia.
Antes de finales de agosto, España deberá disponer de una legislación
que garantice, si fuese necesario, la asunción de pérdidas por parte de
los inversores de deuda subordinada, es decir, los propietarios de
acciones preferentes, así como reforzar el marco de resolución bancaria
para ensalzar el papel del FROB y del fondo de garantía de depósitos.
Otro de los requisitos a más corto plazo será la elaboración de un
proyecto completo y un marco legislativo para establecer compañías de
gestión de activos, que actuarían como "bancos malos" y permitirían
segregar los activos tóxicos, fruto de la burbuja inmobiliaria.
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