martes, 10 de julio de 2012

La Unión Europea exige reforzar el poder del Banco de España en detrimento del Gobierno


MADRID.- La Unión Europea ha exigido reforzar el poder y la independencia del Banco de España, de acuerdo a las condiciones pactadas por el Gobierno ibérico con el Eurogrupo para recibir ayuda financiera. Además, el ministro de Economía, Luis de Guindos, espera que la recapitalización de la banca empiece en julio y concluya en 18 meses.

   El memorándum obliga a todos los bancos españoles a reforzar su capital básico hasta el 9% al menos hasta finales de 2014, un requisito que según Guindos ya cumple la mayoría de entidades. Además, se revisará la política de provisiones teniendo en cuenta los últimos decretos aprobados por el Gobierno.
   La UE pide además a España que prepare para finales de noviembre una ley que reduzca la capacidad de control de las antiguas cajas sobre los bancos que surgieron a partir de ellas.
   Así, para reforzar la independencia y el poder del Banco de España, las autoridades españolas deberán transferirle como muy tarde el 31 de diciembre de 2012 los poderes de sanción y autorización que ahora están en manos del ministerio de Economía. El Banco de España podrá además elaborar directrices o interpretaciones con carácter obligatorio.
   La comisión, el BCE y la Autoridad Bancaria verificarán "regularmente", en contacto con el Fondo Monetario Internacional que se cumplen todas estas condiciones, enviando incluso misiones a Madrid. Las autoridades españolas estarán obligadas a proporcionar todos los datos exigidos.
   Además, la Unión Europea ha exigido a España el cierre de las entidades problemáticas inviables cuya quiebra no ponga en riesgo al conjunto del sector.
   "Para los bancos no viables que necesitan fondos públicos, las autoridades españolas tienen que presentar un plan de resolución ordenada", señala el memorándum. Estos planes deberán garantizar la estabilidad financiera, en particular protegiendo los depósitos de los clientes, minimizando el coste para los contribuyentes y permitiendo que los bancos sanos puedan adquirir activos en un proceso competitivo.
   El memorándum clasifica las entidades españolas en cuatro grupos: en primer lugar, las nacionalizadas (Bankia, Novacaixagalicia, Banco de Valencia y Catalunya Caixa), que son las que recibirán la ayuda más pronto. En segundo lugar, las que necesitan más capital y no pueden lograrlo en el mercado. En tercer lugar, los bancos que requieren reforzar sus recursos pero pueden recurrir a inversores privados. En cuarto lugar, los bancos que no necesitan ningún tipo de ayuda, grupo en el que los analistas sitúan al BBVA, Santander y Caixa Bank.
   Además, la UE considera que la liquidación ordenada puede aplicarse tanto a los bancos del primer grupo como a los del segundo. A finales de agosto, España deberá aprobar una norma que refuerce los poderes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en materia de resolución.
   El resto de entidades que reciba ayudas deberá presentar un plan de reestructuración que compense cualquier posible distorsión de competencia. El plan debe minimizar los costes para los contribuyentes y para ello se obligará a asumir pérdidas en primer lugar a los accionistas y después a los inversores en capital híbrido y deuda subordinada.
   Así, los bancos estarán obligados a vender participaciones y activos que no sean centrales a sus actividades, así como a prohibir el pago de dividendos y limitar el sueldo de los directivos.
   Los activos problemáticos de los bancos que reciban ayudas se segregarán rápidamente de su balance y se transferirán a una sociedad de gestión de activos a precios razonables. El marco legal para la separación deberá aprobarse a finales de agosto y España debe consultarlo con la Comisión, el BCE y el Fondo Monetario Internacional.
   De hecho, el FROB contribuirá con capital a esta especie de 'banco malo' -aunque el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que no está decidido si será uno o varios-, que emitirá bonos estructurados de forma que puedan usarse como colateral ante el Banco Central Europeo (BCE).
   También, la UE ha pedido a España reformas fiscales, laborales y energéticas en el memorándum de ayuda a la banca. En concreto, "invita" al Gobierno a poner en marcha un sistema de impuestos acorde con los esfuerzos de consolidación fiscal y que proporcione mayor soporte al crecimiento económico, en referencia a una eventual revisión del IVA.
   Asimismo, la UE plantea eliminar las bonificaciones fiscales por compra de vivienda, implementar las reformas del mercado laboral y adoptar medidas adicionales para aumentar la efectividad de las políticas activas de empleo.
   También propone medidas adicionales para liberalizar los servicios profesionales, reducir los plazos en la concesión de licencias para desarrollar actividades económicas y eliminar las barreras para hacer negocios.
   En otro orden de cosas, demanda a España que complete las interconexiones de gas y electricidad con los países vecinos y que aborde de una forma exhaustiva el problema del déficit tarifario.
   España debe garantizar el logro de los objetivos de reducir el déficit al 6,3% en 2012, el 4,5% en 2013 y el 2,8% en 2014. También deberá presentar antes de que acabe julio un plan presupuestario bianual para 2013 y 2014 y poner en marcha una oficina independiente de control presupuestario.
   Por su parte, De Guindos ha dicho que la recapitalización del sector bancario con el préstamo de hasta 100.000 millones de euros aprobado por el Eurogrupo podría comenzar a finales de julio, con un primer tramo de 30.000 millones de euros, y concluirá en un plazo de 18 meses.
   Esta cantidad podría utilizarse para las entidades que están nacionalizadas. "Vamos a acelerar el proceso de análisis de capital de las mismas y si está finalizado por ejemplo para finales de julio, que para estas entidades podría ser, entonces se podría hacer la inyección de capital rapidísimamente", ha indicado.
   El ministro de Economía ha admitido que el memorándum recoge expresamente la obligación de España de cumplir las exigencias de recortes impuestas por el procedimiento por déficit excesivo así como las recomendaciones realizadas por la Comisión, como la de subir el IVA y suprimir la reducción de vivienda. No obstante, ha insistido en que "no se exige ningún tipo de obligaciones adicionales".
   De esta manera, ha admitido que el rescate bancario no bastará para estabilizar el mercado de deuda, pero ha descartado recurrir a otros instrumentos como pedir la activación del fondo de rescate para que compre deuda española.

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