MADRID.- Las agencias de «rating» son empresas privadas cuya labor es emitir una opinión sobre la salud financiera y la probabilidad de impago de
sus clientes, que pueden ser empresas, Estados o gobiernos regionales.
Las principales, como bien es sabido, son Standard & Poor’s, Moody’s
y Fitch. Y aunque es cierto que existen algunas agencias más, su influencia es prácticamente irrelevante en comparación con las tres todopoderosas, recuerda hoy 'Abc'.
Los países y entidades, por lo general, pagan a estas agencias para que realicen una valoración de los instrumentos de crédito que van a emitir, ya que estar «calificado» ayuda a la venta de estos productos financieros.
Ocurre «por lo general», ya que no siempre es así. Hay países que no solicitan y, por tanto, no pagan sus calificaciones. Los conocidos como «unsolicited rating» («calificaciones no solicitadas»).
«La gran mayoría de los 127 países que califica Standard & Poor’s
son ‘ratings’ solicitados, pero existen varios países que no lo son.
S&P los califica como ‘no solicitados’», explica un portavoz de la
agencia.
La lista de países que no pagan por su calificación no es muy extensa, pero desde luego reveladora e interesante.
Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Holanda, Reino
Unido, Suiza, India, Japón, Australia, Camboya, Taiwán y Singapur
obtienen una AAA+ o una BBB-, o lo que toque respectivamente, sin pagar nada por ello.
«Cuando se hace pública la información sobre ellos se explícita claramente que son ‘ratings no solicitados’,
como requiere la regulación europea», concreta un portavoz de la
agencia. La decisión de publicar estas calificaciones responde a una
política de transparencia, tal como se puede leer en el sitio web de
Moody’s dedicado a este punto: «El propósito es proporcionar mayor transparencia a los participantes del mercado con respecto a las calificaciones crediticias».
No es muy habitual que una empresa privada realice un servicio de manera gratuita para algunos de sus clientes. En este caso, la razón se encuentra en que es información útil para el mercado, también su clientela finalmente. «Respondemos a la demanda de los inversores por dichos ‘ratings’», justifican desde S&P.
Desde Moody’s un representante de la empresa refrenda el argumento anterior, ya que se este servicio se lleva a cabo «para hacer frente al pedido de los inversores que quieren saber nuestra visión sobre un emisor en particular»
Además,
como amplían desde S&P, también se necesita conocer la calidad
crediticia de un Estado soberano, su nota, para calificar a las
entidades (muchos bancos, por ejemplo) «que puedan recibir apoyo de ese Estado».
Y el portavoz de Moody’s lo observa con lógica: «Existe un significativo beneficio para las labores de análisis el tener una larga lista de soberanos calificados.
Es una referencia a la hora de realizar una comparación». Las tres
agencias siguen una máxima como criterio: la evaluación de la utilidad
de la clasificación a los mercados de capitales. De ahí, que haya países
que no tienen ninguna nota sobre su deuda, que no generan ni confianza
ni desconfianza. Es decir, que no participan en los mercados
internacionales de bonos.
Por
otro lado, hay que distinguir entre la solicitud (o no) de un país para
conocer la nota de su deuda y facilitar su obtención. Según el portavoz
de Moody’s, independientemente de si los países piden el «rating» o no, la inmensa mayoría (entre ellos los 27 de la UE) colaboran y ayudan «activamente» en el proceso de calificación.
«Un gobierno puede participar en el proceso aunque el ‘rating’ esté
solicitado o no», relatan. De hecho, como afirman desde S&P, tienen
acceso a suficiente información pública de calidad en la que confiar y
apoyar su análisis.
Moody’s
matiza que el trabajo de sus analistas es el mismo en todos los casos,
siempre y cuando haya colaboración estatal para ello, que es lo
predominante. La agencia con este apunte busca dejar claro que el
trabajo que llevan a cabo no difiere de sí se paga o no por sus
servicios.
Con Fitch, la tercera «grande», la situación contractual española cambia,
puesto que es a la única agencia a la que no solicita su «rating».
Igualmente la calificación de la deuda española se encuentra a
disposición del público siguiendo esa vocación de transparencia
anteriormente mencionada, que, de todas maneras, es una exigencia
regulatoria europea. Concretamente por el artículo 10 del Reglamento de
la UE 1060/2009, el que se ocupa de los asuntos relacionados con la
divulgación y presentación de los «ratings»
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