Campesinos hondureños visitan Europa para denunciar una "ola de represión"

MADRID.- Representantes de campesinos hondureños se encuentran estos días de gira por Europa para denunciar internacionalmente la "ola de represión" que están viviendo y pedir "un equipo de observadores europeos" que vigile la situación y garantice que se aplican los acuerdos firmados en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz y que la Polícia "proteja a la ciudadanía", según ha explicado el secretario general del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Yoni Rivas.

   Durante su escala en Madrid, y antes de recalar en Bruselas y Londres, Rivas y la coordinadora del Programa de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Familias de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Kenia Veliza Oliva, han detallado cómo se ha llegado a esta situación.

   Así, han recordado que en la década de los setenta se produjo en su país un proceso de reforma agraria, en el que se adjudicaron más de 54.000 hectáreas a campesinos, más de 23.000 de ellas a 84 cooperativas en la región del Bajo Aguán. "Llegamos a ser el granero de Centroamérica", ha añadido Rivas.

   No obstante, en 1992 se aprobó la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, que permitió a los campesinos vender sus tierras y a los empresarios adquirirlas y derivó en una concentración del territorio. En 1996, los campesinos empezaron a demandar a los tribunales del país que esclareciesen unas operaciones realizadas bajo una ley que, según argumentaban, era contraria a la Constitución hondureña, cuyo artículo 344 defiende la sustitución del latifundio y el minifundio por "un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario".

   Al no encontrar una "respuesta" en los tribunales, los campesinos iniciaron una serie de "manifestaciones pacíficas de toma de carreteras" y alcanzaron algunos acuerdos "sin resultado", según ha explicado Rivas. Por ello, en 2009 decidieron tomar tierras e iniciar lo que el representante del MUCA ha denominado "un proceso de recuperación de tierras".

   Desde entonces, unos 3.000 campesinos han sido procesados por estas tomas y se ha producido la muerte de otros 100 a nivel nacional, 70 de ellos en la zona del Bajo Aguán. "Después de las tomas de tierra se ha venido una ola de violencia terrible en contra del sector campesino", ha aseverado.

   En abril de 2010, el Gobierno se comprometió a adquirir 4.045 hectáreas --que al final han sido 3.962-- para los grupos campesinos que conforman el MUCA, con un precio de 130.000 lempiras (unos 5.125 euros) por hectárea y acordó que lo podrían pagar en 15 años, con un interés de un 6 por ciento.

   A pesar de ello, Rivas ha afirmado que el actual Ejecutivo, que está encabezado por Porfirio Lobo y llegó al poder a principios de 2010, tras las elecciones posteriores al golpe de Estado de 2009, reconoce que hay "un conflicto agrario y una crisis alimentaria" pero "no aprueba nada". Como ejemplo, Oliva se ha referido a una propuesta de Ley de Transformación Agraria Integral realizada por 32 organizaciones en 2011, que está "engavetada", es decir, paralizada de manera intencionada.

   Como última muestra de la situación que atraviesan, Rivas y Oliva han relatado que, el pasado verano, un juez de primera instancia admitió una demanda de tres cooperativas de campesinos contra una compraventa y estas recuperaron "unas 2.000 hectáreas". Poco después, la Corte de Apelaciones ordenó un desalojo "en horas ilegales, forzoso y sin previo aviso a las familias", en palabras de Oliva.

   Su abogado, Antonio Trejo, solicitó una cita a la Corte Suprema de Justicia, con la que acordó una reunión el pasado 21 de agosto. Cuando el jurista y los campesinos aparecieron en la sede del tribunal, según ha narrado Oliva, los abogados de los terratenientes afectados ya habían tenido una reunión previa. Por ello, les hicieron esperar y, al final, llegó la Policía, los desalojó y los encarceló. De acuerdo con su relato, varias organizaciones consiguieron su liberación y Trejo comenzó a denunciar lo ocurrido. "Un mes después, el abogado fue asesinado", ha señalado Oliva.